El acusado atacó a dos hermanos en una playa de estacionamiento. Jorge “El Loco” Leyes intentó evitar el debate, primero, con dinero y luego, con un juicio abreviado. No pudo.
Jorge Omar Leyes será juzgado por un tribunal acusado de tres delitos, todos cometidos durante la siesta del jueves 7 de julio de 2022 en pleno centro puntano. El hombre, a quien apodan “El Loco”, llegará al debate en libertad tras haber cumplido 45 días de arresto preventivo y luego de que la Justicia haya rechazado un juicio abreviado.
El fiscal de Instrucción 3, Esteban Roche, le formuló cargos a Leyes dos días después de los hechos. Ahora, en su acusación, pide una pena de 4 años y medio de prisión por los delitos de “Portación ilegal de arma de fuego de uso civil, abuso de arma y lesiones leves”, todo en concurso real.
Según la acusación fiscal, Leyes se presentó en su vehículo en una playa de estacionamiento y lavadero en calle General Paz al 600, portando una pistola calibre 22. Allí estaban trabajando dos hermanos de apellido Otero, Dardo y Rodrigo.
La teoría de la fiscalía sostiene que “El Loco” se dirigió al interior del lavadero y comenzó una disputa verbal con Rodrigo, por una deuda de dinero. Tras el intercambio, que fue subiendo de tono, Leyes retomó sus pasos hacia la calle, entró a su vehículo, agarró la pistola y, desde una distancia no precisada, abrió fuego en la misma dirección en la que se encontraban los hermanos. Ambos proyectiles terminaron impactando contra una pared.
Luego de las detonaciones, los hermanos se abalanzaron sobre el tirador. Según indica la fiscalía, en ese momento el imputado le lesionó el codo izquierdo a Dardo Otero. Además, la acusación sostiene que el hecho de que el acusado haya ejecutado disparos en horas de la tarde, y encontrándose otros transeúntes en el lugar a los que puso en peligro, reviste en un agravante.
El hecho tomó resonancia pública, ya que testigos que circulaban por la misma arteria y a la misma hora del ataque filmaron a Leyes al lado de su vehículo empuñando un arma y vociferando.
Los damnificados realizaron la denuncia en la Comisaría 1ª horas después de ocurrido el hecho. En su momento, el jefe de la dependencia, comisario Cristian Orozco, dijo que, además de realizar la exposición, entregaron un revólver calibre 22 que le habrían quitado al agresor en el forcejeo. Ambos confirmaron que tenían una deuda con el agresor por la compra de ropa, que sería de unos $25 mil, aunque en los últimos meses habrían achicado esa cifra y solo debían $5 mil.
El presunto atacante se puso a disposición de la Justicia el día posterior al ataque y fue acusado el sábado 9. El procesamiento de Leyes fue dictado por el juez de Garantía 3, Marcos Flores Leyes, tras lo cual fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, donde cumplió prisión preventiva por 45 días.
La defensa del imputado, en ese momento a cargo de Javier Rezzano, y el fiscal habían presentado un acuerdo de juicio abreviado en el que planteaban tres años de prisión en suspenso, pero un tribunal del Colegio de Jueces le dijo que no.
En el dictamen, la entonces camarista María Eugenia Zabala Chacur se dirigió al fiscal Roche, quien instruyó la causa, con el objetivo de que “profundice la investigación a fin de determinar si la calificación brindada al hecho (‘Portación ilegal de arma de fuego de uso civil, abuso de arma de fuego y lesiones leves’) es correctamente como lo habían enmarcado o no”.
El fiscal continuó la investigación que finalmente fue elevada a juicio este martes. La audiencia de control de acusación fue dirigida por el mismo juez que resolvió el procesamiento de Leyes. De la misma participaron el fiscal, Diego de la Cruz Domínguez como parte de la querella, y los nuevos defensores del acusado, Hugo Scarso y Carlos Varela.
EL DIARIO DE LA REPUBLICA.
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