En las últimas horas, diferentes organizaciones anunciaron que presentaron una denuncia penal contra Victoria Villarruel por ignorar el pedido de sesión especial para tratar el DNU 70/23. Los senadores de Unión por la Patria vienen pidiendo que la vicepresidenta convoque a discutir el Decreto desde los últimos días de enero.
“Denunciamos penalmente a Victoria Villarruel”, anunció el economista Claudio Lozano, y señaló que la presidenta de la Cámara de Senadores “está incumpliendo con su deber de convocar a sesión especial” para discutir el DNU, “violando la Constitución Nacional y el Reglamento del Senado”. Además, sostuvo que la conducta de la vicepresidenta “obstaculiza el mandato constitucional y la Ley N° 26122”.
Los denunciantes son el Observatorio del Derecho a la Ciudad (Abog. Jonatan Baldiviezo), el Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos (Inga. María Eva Koutsovitis), Naturaleza de Derechos (Abog. Fernando Cabaleiro) y Unidad Popular Nacional (Economista Claudio Lozano).
En igual sentido, los cinco senadores que habían pedido sesión especial el 24 de enero le mandaron una carta a Villarruel ayer, volviendo a exigirle el llamado a sesionar.
“Nos dirigimos a usted, en relación a la Nota que los senadores José M. Mayans, Juan Manzur y Sergio Leavy y las senadoras Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio le enviáramos el pasado 24 de enero, por medio de la cual le solicitamos la citación a una sesión especial para el dia 01 de febrero del corriente año”, se lee en la nota.
“En tal sentido, y considerando que usted incumplió su obligación de citar a la sesión especial solicitada, vulnerando el artículo 20 del Reglamento de esta H. Cámara, venimos nuevamente, en los términos del articulo 19 del citado Reglamento, a exigirle que cite a una sesión especial a celebrarse el 15 de febrero del corriente año, a las 14 horas, con el objeto de considerar el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 del 20 de diciembre de 2023 (conf. Ley 26.122)”, remarcaron los legisladores.
Concretamente, el artículo 19 del Reglamento del Senado indica que “la Cámara puede celebrar sesión pública especial a petición de cinco o más senadores o del Poder Ejecutivo, debiendo expresarse el objeto de la misma”; mientras que el 20 prescribe que “el presidente, luego de recibir la petición, dispondrá la respectiva citación para el día y hora que mejor estime, si no los ha señalado el Cuerpo”.
En tanto, la legislación vigente dispone que, tras emitirse un Decreto, el jefe de Gabinete debe enviarlo a la Comisión Bicameral Permanente, la cual tiene un plazo de 10 días “para expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras”.
A la vez, la Ley 26.122 reza que si ese plazo de 10 días se vence sin que la Comisión Bicameral se pronuncie (que es, efectivamente, lo que sucedió con el DNU 70/23), las Cámaras deberán volcarse “al expreso e inmediato tratamiento del decreto”.
En ese punto, los senadores de la oposición comenzaron a reclamar a Villarruel su tratamiento, conforme lo dispuesto por la Ley y las normas de la Cámara, y hasta el momento fueron ignorados. La vía parlamentaria es la más segura y eficaz a la que apuntan los legisladores opositores para frenar el DNU, que para caer debería ser rechazado por ambas cámaras.
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