Desde hace más de un mes y medio que Marcelo Nahuel Morandini, de 45 años, y Humberto Roque Villegas, de 42, pasan sus días en prisión preventiva en la Unidad Penal Nº1 del barrio Gorriti, de San Salvador de Jujuy. Los dos -que hasta hace poco no se conocían entre sí- difundieron en redes sociales mensajes ironizando sobre el exgobernador de Jujuy. Roque subió un flyer y Nahuel escribió un tuit. Lo que siguió después pareciera sacado de una película de ficción. O de terror.
Se trata de un caso en clave de libertad de expresión, porque con el uso hoy generalizado de las redes sociales esto le podría haber pasado a cualquiera. Roque es emprendedor. Nahuel es ingeniero ambiental y docente en la Universidad de Salta. No es un militante político. Es padre de dos niñas pequeñas que desde hace 50 días van a visitarlo al penal.
Sobre el caso que empezó con un rumor
A fines de 2023, en medio del calor de un verano que recién empezaba y con Javier Milei estrenando sus primeras semanas como presidente, se filtró un audio anónimo de WhatsApp. Era la voz de una mujer que afirmaba que el exgobernador de Jujuy, Gerardo Morales, no había autorizado a la banda Los Tekis para tocar en un festival debido a una supuesta infidelidad de la esposa de Morales, Tulia Snopek, con un miembro de la banda. Pero eso no era todo, también insinuaba que la mujer y el líder del grupo musical eran los verdaderos padres de la criatura de dos años que pertenecía al matrimonio.
Con el controversial chisme en boca de muchos, un 26 de diciembre Nahuel Morandini publicó un tuit haciendo alusión al tema, aunque sin dar nombres o apellidos directos ni agregar ninguna imagen: “Hace ya varios años que en jujuy se hace el carnaval de los tekis (una estafa en la que caen los turistas). Pero este año no se hace. Y todo parece que es porque uno de los tekis le enseña a tocar la quena a la mujer del ex gobernador. Imposible aburrirse en kukuy”. Un chiste de mal gusto.
El verdadero escándalo estaba a punto de desatarse. Convencido de que se trataba de una operación en su contra, el matrimonio jujeño decidió llevar el asunto a la Justicia. Pero desde un primer momento la detención de Nahuel fue irregular. La antropóloga y compañera de Morandini, Lucía Castro Olivera, recuerda el primer contacto con las fuerzas de seguridad de la siguiente manera: “Vino a nuestra casa una persona fingiendo estar caminando por la zona. Nos pidió que le dejemos cargar el celular, nosotros accedimos y entró a nuestra casa. Resultó ser un policía vestido de civil que estaba haciendo tareas de inteligencia”.
Tras esa situación, un grupo de oficiales se apersonó en la casa de Nahuel y le pidió que se presentara en el área de delitos complejos. Como venían en un auto sin patente, Morandi se negó a ser trasladado y prefirió presentarse por su cuenta. “Obviamente no tenía nada que ocultar”, dice Lucía.
La prisión preventiva por 60 días, en la Unidad Penal 1 de Jujuy, llegaría el 4 de enero para Morandini y Villegas. La orden fue dictada por el juez de Control Roberto Assef, a pedido del fiscal penal Walter Rondón, a los fines de que “no sigan cometiendo delitos” (si, el delito en cuestión sería seguir tuiteando y retuiteando). Cabe aclarar que consultado por este medio, tanto el vocero del exgobernador como el fiscal de la causa, prefirieron no dar declaraciones.
Y es que según la Justicia jujeña, Morandini había puesto en duda la fidelidad de Tulia así como también cuestionado su “dignidad” y la de su marido, lo que “sembró el virus” que hizo que se propagara la noticia falsa. De acuerdo a lo que consignaron fuentes judiciales a Perfil, los acusados supuestamente “están incumpliendo la Ley de Niños y la Ley Olimpia”. Ésta última incluye a la violencia digital entre las modalidades de violencia contra las mujeres y establece el respeto de la “dignidad, reputación e identidad, incluso en los espacios digitales”.
A partir de entonces, se le imputaron los delitos de lesiones leves contra Snopek y supresión de identidad de menores, una carátula que fue creada en el marco de los juicios de lesa humanidad para enjuiciar a represores y apropiadores de bebés (artículos 138 y 139 del Código Penal). Los dos delitos sumados -como pretende la fiscalía- pueden dejar tanto a Villegas como a Morandini en prisión hasta por ocho años.
En el caso, se confiscaron los teléfonos de los acusados y se revisaron sus conversaciones en WhatsApp, que se presentaron como evidencia en contra. Además, a los familiares de los detenidos se les aplicó un bozal legal que les prohíbe hablar públicamente sobre Morales, su esposa o su hija. Esta semana, la investigación se dio por concluida y la causa avanza hacia el juicio.
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