Los choferes exigen que les autoricen subir el precio del pasaje y el pasado lunes iniciaron un paro indefinido con bloqueos en la ciudad más extensa y poblada de Bolivia. Ayer hubo tensión entre los manifestantes y personas que intentaban levantar los piquetes
En varias regiones de Bolivia, los dirigentes del transporte público exigen un incremento en la tarifa del pasaje desde hace varios meses, debido a la inflación que enfrenta el país y los periodos de desabastecimiento de combustible, que impidió el flujo normal de su trabajo.
El martes, en el segundo día de huelga, se registraron enfrentamientos violentos en uno de los piquetes entre choferes y vecinos que intentaron desbloquear las calles cerradas con buses. En el octavo anillo, a la altura de la avenida 2 de Agosto, la pelea terminó con varias personas heridas y al menos diez buses dañados y con los vidrios rotos.
Al finalizar la jornada, la Municipalidad les propuso subir el pasaje del transporte público a 2,30 bolivianos, 0,20 centavos menos de lo que esperan los choferes. Tras analizar la propuesta en una reunión que tuvo lugar este miércoles por la mañana, se decidió rechazarla y continuar con el paro del servicio.
En tanto, la Municipalidad condicionó el incremento en la tarifa propuesta al pago de impuestos y a que se realicen mejoras en el servicio, largamente criticado por su precariedad, como el registro de los vehículos, la instalación de cámaras de seguridad, la modificación en el horario del servicio, la renovación de buses y su incorporación en el plan de ordenamiento vial.
En Bolivia, la tarifa del transporte público está regulada por las autoridades municipales, pese a que es una actividad que no está bajo el control del Estado.
Dificultades para transportarse, cobros excesivos y críticas a la Policía
Mientras el conflicto y las negociaciones se desarrollan, la ciudadanía padece la falta de acuerdos. Según reportes de prensa, la población utiliza mototaxis o taxis compartidos en rutas fijas y algunos dueños de camionetas o camiones pequeños prestaron el servicio pero a precios bastante más elevados que los del transporte público.
También surgieron críticas a la Policía que debería velar por el libre tránsito en la ciudad. Algunos analistas destacaron que si bien la protesta es un derecho democrático, el bloqueo de calles atenta contra la circulación.
“La Policía está incumpliendo su misión institucional y legal. Al inicio pudieron decir que los agarraron en su buena fe y no tuvieron tiempo de reaccionar, pero ahora saben que hay un conflicto y deben de intervenir”, expresó el ex presidente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, Ronaldo Schrupp, en el canal Unitel.
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