Luego de la reunión del PRO transcurrida este miércoles, Mauricio Macri publicó un mensaje en su cuenta personal de Twitter, rechazando la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia. Su comunicado deja entrever que esta postura no gozó de unanimidad al interior del partido.
“La experiencia empírica me indica que la designación de jueces a través de un mecanismo como el utilizado por el gobierno no es correcta. Ratifico mi posición de que los jueces que ocupen los cargos más altos del Poder Judicial no pueden ser objeto de tanto rechazo”, escribió Macri en la noche del miércoles.
Y completó: “La confianza en la justicia y en las instituciones es una condición indispensable para la estabilidad de la democracia y la prosperidad del país. Mi posición es la mayoritaria dentro del PRO, como quedó plasmada en el informe producido por la Fundación Pensar”.
El expresidente acompañó el tuit con dos capturas de un artículo de Martín Casares, secretario General en el Colegio Público de Abogacía y cercano a la Fundación Pensar, que profundiza sus argumentos. “La designación de magistrados en comisión (o interinos) es por su naturaleza misma de carácter excepcional; y su ejercicio debe estar justificado en una emergencia concreta de interpretación restrictiva”, se lee allí.
Además, Casares sostuvo que, “dado el rol de los magistrados y su obligación de decidir con imparcialidad, es esencial garantizar su independencia judicial mediante la estabilidad en el cargo”. En ese sentido, advirtió que “la designación en comisión por parte del Poder Ejecutivo compromete esta independencia, ya que los jueces interinos dependen de la aprobación posterior del Ejecutivo y el Senado, lo que afecta su capacidad para dictar sentencias con plena independencia y erosiona el principio de división de poderes”.
En ese mismo mensaje, el letrado se refirió al momento en que el propio Macri nombró jueces por decreto. “Desde la reforma de 1994 la práctica constitucional generalizada no acepta este tipo de designaciones. Prueba de ello fue el gran rechazo que generó la propuesta de designación por decreto de Rosatti y Rosenkrantz a la Corte Suprema de Justicia en el año 2015. En ese momento, el Presidente Macri reconoció rápido el error y rectificó el rumbo enviando los pliegos al Senado y los candidatos no asumieron en sus cargos hasta que fueron aprobados”, justificó.
Redondeando, Casares remarcó que “la designación de jueces por decreto impacta negativamente en la seguridad jurídica y la confianza pública en las decisiones judiciales agravando la falta de confianza en el Poder Judicial y daña el Estado de derecho al cuestionarse tanto la independencia como la imparcialidad que debe caracterizar a la justicia”.
Macri no logró unificar la posición del PRO
Al aclarar que su posición es “mayoritaria” en su partido, Macri dejó ver que existe, al menos, una minoría que disiente de su rechazo al nombramiento. Según reveló LPO, la reunión partidaria fue escenario de tensiones con un sector de la mesa ejecutiva que sí apoya el decreto de Milei.
El representante de esa otra posición fue Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, quien recibió el respaldo de algunos más de los presentes.
“La mayoría del bloque va ir en contra del pliego de Lijo”, declaró el senador Alfredo de Ángeli, presidente del bloque del PRO en el Senado, para luego aclarar que se refería a lo que pasará dentro del recinto. Por fuera, se estima que algunos gobernadores se niegan a rechazar las designaciones.
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