Buscan diferentes elementos probatorios frente a la gravísima situación del plan alimentario. Tratan de establecer si ocurrieron intoxicaciones en diferentes establecimientos escolares. La Justicia ya ha tomado declaraciones testimoniales a docentes.
El complejo escenario que rodea al Plan Alimentario Nutricional Escolar (PANE) atraviesa una importante investigación por parte de la Justicia, que a instancias de la Unidad de Abordaje Fiscal -a cargo de la fiscal Adjunta, María Alejandra Quiroga Nassivera- ha librado una serie de oficios que buscan obtener elementos probatorios frente a la gravísima situación de las intoxicaciones. Tratan de establecer diferentes hechos en los establecimientos escolares; se indaga la posible comisión de delitos y su respectiva cadena de responsables.
“Este martes, ingresó al Concejo Deliberante un oficio del Poder Judicial, que investiga la causa del PANE, una causa originada en denuncias de madres de niños intoxicados, a la cual se agregó la denuncia que hicimos desde el bloque Justicialista de diputados provinciales, nacionales y el Concejo Deliberante. Se acumularon las causas y en ese proceso, la fiscal Nassivera dispuso una serie de oficios. Uno de esos fue dirigido al Concejo, que ingresó pero que la presidenta (Laura Sánchez) no lo incorporó al orden del día. El jueves, en la sesión, solicitamos que se incorpore al orden del día, pero fue rechazado por el oficialismo. Entendemos que tiene que ver con una actitud de complicidad y ocultamiento para que no se investigue realmente la cuestión del PANE. No obstante lo cual, va a tomar estado legislativo”, explicó el concejal del PJ, Alejandor Cordido, en diálogo con El Diario de la República.
Vale destacar que la averiguación de los hechos busca conocer todos los detalles en el marco de las intoxicaciones. Y en ese sentido, se trata de comprender la cadena de responsabilidades, cuyo eje -se entiende- abarcaría a diversos funcionarios; en la trama hay referentes de la gestión provincial (que también son comerciantes) que están en la mira. Para recordar, entre los nombres suenan el director de Valor Agregado y Vinculación Compre Local, César Fernando Oliva (presidente de la panadería Cer-Pan y de la firma Mundo Gourmet) y el gerente de Producción de Sol Puntano, Pablo Cangiano (quien tiene una forrajería en la Autopista de las Serranías Puntanas), ambos funcionarios del ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, quien también es candidato a senador provincial por el Departamento San Martín.
El pedido al Concejo
Lo que busca la Unidad de Abordaje Fiscal con el oficio librado al Concejo Deliberante, es que el legislativo municipal remita los pedidos de informes que se hicieron desde el PJ desde el año pasado, además de un pedido de interpelación al funcionario a cargo de Bromatología, el subsecretario de Ingresos Públicos y Fiscalización de la Dirección de Bromatología, Daniel Piñeda.
“Solicitamos la interpelación para que -Piñeda- venga a explicar al Concejo si se habían hecho controles, qué tipo de controles y si se había detectado algo, asumiendo que en realidad -según la palabra del propio intendente- el Municipio no ha hecho ninguna actividad de control bromatológico sobre los alimentos que se están entregando en las escuelas de la ciudad. El intendente públicamente ha manifestado eso. Para nosotros, además de presentar un incumplimiento en sus deberes, representa un delito que contradice las normas que rigen la cuestión alimentaria. San Luis tiene por lo menos 5 ordenanzas que regulan la cuestión de los alimentos, hay una ley provincial que regula la cuestión de Bromatología y fundamentalmente está el Código Alimentario Nacional, que el intendente tiene que asegurar que se cumpla. Dentro de esas normas, una actividad propia y elemental del Municipio es el control bromatológico sobre los alimentos que se entregan a niños y niñas”, especificó Cordido.
La clave de los casos en diferentes escuelas
La Justicia busca establecer si además de los casos de público conocimiento, se han generado otras situaciones similares en otros establecimientos educativos. Incluso se supo que este viernes, se han tomado declaraciones testimoniales a docentes de las escuelas, en particular de la Pancha Hernández, donde dentro de esos testimonios se ha advertido que el Gobierno provincial -por lo menos una semana antes de las intoxicaciones- había tomado contacto con denuncias del mismo colegio sobre hamburguesas de pollo “con olor a podrido” y que habrían enviado a funcionarias, incluso del área de Bromatología provincial, que habrían indicado que “se sigan dando los alimentos”. Al mismo tiempo, en esa instancia, habían remarcado que “se estaban haciendo una serie de controles”.
“No se explica cómo es que si se estaban haciendo controles, finalmente sucedieron las intoxicaciones que todos conocemos”, remarcó el concejal, quien además explicó que el bloque Justicialista ha sido admitido en la causa penal como querellante.
“En esta causa penal hay una investigación que se orienta a algunos proveedores que ha mencionado el Gobierno, uno que ha sido sindicado por el Gobierno como el responsable de algunas de estas viandas, pero dada la magnitud de estos inconvenientes, no es una cuestión solamente de un proveedor sino que están fallando controles más básicos vinculados a Bromatología. Hay que ver, depende del delito que finalmente se termine investigando y eventualmente sancionando o condenando, sobre quiénes recaen las responsabilidades. Puede ser sobre proveedores, algunas autoridades de las escuelas y sin ninguna duda entendemos que hay responsabilidad de funcionarios y funcionarias porque no se han hecho controles y habrían contratado aparentemente servicios de viandas sobre proveedores que no cumplen con las pautas bromatológicas básicas”, manifestó Cordido.
En este marco, preocupa la falta de control municipal y la confesión del propio intendente en relación a que no se hacen los controles de rigor sobre las escuelas de la ciudad. Se entiende así, que el jefe comunal ha incumplido sus funciones.
Un escenario grave
Cordido destacó que desde el bloque Justicialista vienen remarcando que el efecto principal del desmanejo del PANE es que termina afectando al sentido de la educación pública.
“Los padres y las madres que mandan a sus chicos a las escuelas y que reciben la comida en las escuelas, lo que terminan cuestionando es a la escuela en sí misma, a la educación pública en sí misma. Entonces entendemos que así como Hissa tiene la vocación de ir hacia la privatización de todo lo que es el Estado, sacarse los servicios de encima, de la misma manera va a suceder con la educación pública. La intención de la provincia y el Municipio de ocultar esta situación y de reconocer -como lo hizo la propia Eugenia Gallardo- que no hubo planificación ni controles, termina afectando al sistema educativo. Por eso entendemos que el principal responsable político de esto es el Ministro de Educación, que está haciendo todo para que la escuela pública se desvalorice y que la ciudadanía no quiera enviar a sus hijos a la escuela pública porque entienden que están expuestos a intoxicación y eso termina afectando la convivencia dentro de las instituciones”, subrayó.
El “sello” de la gestión
Cordido concluyó manifestando que la cuestión del PANE está siendo utilizada electoralmente por el oficialismo provincial, donde se ha asignado un “presupuesto sideral” que no se ve reflejado ni siquiera en los controles elementales que debieron hacerse. En ese sentido, sostuvo que ha quedado acreditado que se da comida en muy mal estado y que hay una utilización de un tema que tiene como principal objetivo nutrir a los estudiantes, pero que en vez de eso termina afectando al sistema educativo.
“Eso es una responsabilidad política y va a ser parte del sello con el que la gestión actual va a ser recordada siempre. Una gestión que dice poner el acento en la educación y lo único que hace es afectar el sentido de la educación pública. Eso no lo vamos a permitir y seguiremos denunciando lo que sea necesario. Las causas judiciales están muy activas, se está investigando. Pero es responsabilidad del gobernador y de Hissa tomar medidas para revertir esta situación”, concluyó.
DIARIO DE LA REPUBLICA SL