Por un error de un contador del Gobierno, Verónica Acosta recibió $540 millones. Hoy, la Justicia le exige a ella y a cinco familiares una fianza de $30 millones para no ir presos.
Una familia humilde de Villa Mercedes enfrenta un proceso judicial por un hecho que nunca provocó: un error administrativo del Gobierno provincial derivó en una transferencia equivocada de 540 millones de pesos a la cuenta de Verónica Alejandra Acosta. Ella esperaba apenas 8 mil pesos por una cuota alimentaria. Hoy, la Justicia le exige a ella y a otros cinco imputados una fianza de 30 millones por persona para no quedar detenidos.
El contador que realizó la transferencia fue quien luego denunció el error. Según la defensa, no pesa ninguna imputación sobre él.
Acosta declaró que al principio creyó que había recibido 500 mil pesos y, ante la necesidad, compró alimentos, una heladera, electrodomésticos y materiales para su casa. También transfirió dinero a familiares. “No sabía que era del Gobierno. Lo usé para necesidades urgentes”, dijo.
En menos de dos días, el Gobierno congeló la cuenta. Luego llegaron los allanamientos, el secuestro de bienes —incluyendo celulares de sus hijos menores— y la imputación por defraudación al Estado, retención indebida y otros delitos.
La defensa, encabezada por el abogado Hernán Echevarría, sostiene que no existió ninguna maniobra fraudulenta: “. Son personas humildes, sin antecedentes, con domicilio, que nunca actuaron de mala fe. No se trata de una red de estafadores. Fue un error del Estado que ahora intentan cargar sobre estas seis personas como si fueran delincuentes”.
El Gobierno logró recuperar más del 90% del dinero: parte fue bloqueada, otra devuelta voluntariamente y el resto está siendo rastreado en billeteras virtuales secuestradas. Todo el movimiento del Dinero fue digital, lo que permite su trazabilidad.
Desde Fiscalía de Estado, representada por el abogado Flavio Ávila, se sostiene que hubo intentos previos de contacto para alertar sobre la equivocación, pero no fueron respondidos. “La buena fe hay que demostrarla con hechos”, señaló Ávila
Sin embargo, la jueza de Garantía resolvió que los seis imputados deben depositar 30 millones de pesos en tres días hábiles si quieren conservar la libertad. La defensa apeló tanto la imputación como el monto de la caución, por considerarlo “exorbitante e imposible de cumplir”.
Mientras se espera una resolución, las familias —muchas con niños pequeños, personas con discapacidad o situaciones de extrema vulnerabilidad— viven con la amenaza de volver a prisión. “No somos ladrones. No sabíamos que esa plata era del Gobierno. Ahora nos tratan como criminales, pero el error no fue nuestro”, dice Acosta.
DIARIO DE LA REPUBLICA SL
