Con la cuenta regresiva a punto de llegar a cero, el Gobierno se prepara para el fin de las facultades extraordinarias que le otorgó la Ley Bases.
Con la cuenta regresiva a punto de llegar a cero, el Gobierno se prepara para el fin de las facultades extraordinarias que le otorgó la Ley Bases. El 9 de julio vence el plazo de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética, que durante un año habilitó al Ejecutivo a legislar por decreto en múltiples áreas sin intervención del Congreso. Desde el Ministerio de Desregulación, conducido por Federico Sturzenegger, se apura la firma de una serie de decretos para completar reformas pendientes antes de ese límite.
Entre las medidas más avanzadas figura la modificación de la Ley de Inversiones Mineras, vigente desde 1993, que busca agilizar los trámites y reducir la burocracia. También se publicó un decreto clave que pone fin a las LEFI, las letras de liquidez emitidas por el Tesoro que funcionaban como una tasa de referencia informal para el sistema financiero. Ahora, el Gobierno apunta a que los bancos se orienten hacia instrumentos de mercado como las Lecaps.
El Ejecutivo también aceleró cambios en organismos estatales. Una de las prioridades es la reforma de Vialidad Nacional, Corredores Viales y agencias vinculadas a la seguridad vial y el transporte. Sin embargo, el Gobierno enfrenta trabas normativas y acuerdos internacionales que dificultan avanzar con la reestructuración de entidades del sector aéreo, como el ORSNA, ANAC, EANA y la Junta de Investigación de Accidentes.
Otras reformas, como las del INTA, INTI y Senasa, quedaron a mitad de camino. La idea original era fusionar estructuras, pero ante la falta de tiempo y resistencia interna, el foco parece haberse reducido a una poda de cargos jerárquicos. En el INTA, por ejemplo, se contabilizan más de 900 puestos de conducción. También se analizan cambios en organismos de salud, aunque reina el hermetismo sobre el alcance real de las modificaciones.
El artículo 3 de la Ley Bases, considerado la “llave maestra” por Sturzenegger, permitió al Gobierno alterar la estructura del Estado central y descentralizado, fusionar organismos y delegar funciones a provincias. Con el fin de la emergencia, esa herramienta pierde efecto. Sin embargo, algunos funcionarios argumentan que sus facultades podrían mantenerse por tratarse de atribuciones expresas y sin plazo específico. Aun así, el consenso jurídico indica que, sin emergencia, ya no hay margen para sostenerlas.
Mientras se define el futuro de ese poder delegado, también surgen interrogantes sobre el rol que ocupará Sturzenegger en la nueva etapa. Con menos margen de acción, se especula con que podría absorber nuevas áreas dentro del Gabinete para seguir con su perfil reformista.
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