El Gobierno comenzó con la privatización total de Enarsa, la empresa que controla la generación y distribución de energía en Argentina. La gestión de Milei estableció un plazo de ocho meses para concretar la venta de la estatal a inversores privados con la Resolución 1050, publicada en el Boletín Oficial.
Según la Resolución , el proceso de privatización de Enarsa contempla una primera etapa donde se llevará a cabo la venta de las acciones que Enarsa posee en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec).
Según las estimaciones privadas, el Gobierno podría recaudar unos 150 millones de dólares por la venta de acciones dado el valor de mercado de la transportadora de energía.
La Subsecretaría de Energía Eléctrica será la encargada de elaborar la documentación técnica y contractual necesaria para la licitación.
Según informó el Gobierno, la se llevará a cabo a través de la plataforma CONTRAT.AR conforme lo dispuesto por el Decreto N° 416 de fecha 17 de junio de 2025.
El Gobierno autorizó la privatización de Enarsa
El 25 de abril a primera hora, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el Decreto 286/2025, que habilita la privatización total de Enarsa, la empresa pública que maneja una parte clave del negocio energético en el país. Sí, le dieron luz verde a la venta y ya arrancaron con la primera parte del proceso: se van a desprender del 50% de las acciones de Citelec S.A., la sociedad que controla Transener, la principal operadora del sistema de alta tensión en Argentina.
El negocio, según dice el decreto, se va a hacer por concurso público, con convocatoria nacional e internacional. No va a haber trato preferencial ni para los actuales socios -como , la firma de Marcelo Mindlin, que tiene el otro 50%– ni para los trabajadores.
La privatización de Enarsa, parte de la Ley Bases
Todo esto forma parte del plan de ajuste y desinversión estatal que el viene empujando desde que llegó. Enarsa no es la única en la lista, pero sí la primera en arrancar este camino hacia la privatización total. La idea es ir vendiendo las distintas unidades de negocio por partes, sin cortar los servicios y tratando de que las obras en marcha sigan.
“La intervención estatal no dio resultados. No fue ni eficiente ni rentable para el Estado”, dice el decreto. Y como el año pasado el Estado invirtió más de 1,2 billones de pesos a la empresa, en Casa Rosada decidieron que ahora quedará en manos de privados
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