En una nueva escalada dentro del juicio por la expropiación de YPF, la jueza Loretta Preska resolvió a favor de los demandantes y ordenó al Estado argentino entregar los correos electrónicos y mensajes de WhatsApp del ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor, Sergio Massa.
La decisión se produjo en el marco de una audiencia clave, que se extendió por unos 90 minutos y que tuvo como eje central el proceso de discovery (la etapa de intercambio de pruebas documentales previa al juicio por YPF).
Según explicaron fuentes judiciales, los demandantes buscan demostrar que diversas entidades públicas (entre ellas YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Central (BCRA), Banco Nación y ENARSA) actúan como “alter ego” del Estado argentino, con el objetivo de ampliar el alcance de los bienes embargables. En ese contexto, la jueza Preska habilitó el acceso a las comunicaciones personales y oficiales de altos funcionarios del Ejecutivo nacional, lo que incluye dispositivos personales, cuentas de correo y mensajería instantánea.
Desde la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, manifestaron su rechazo a la orden y señalaron que ya se están evaluando los caminos legales para apelar la decisión. En un comunicado oficial, el organismo sostuvo que “la medida de discovery ordenada hoy por el tribunal de Nueva York viola las leyes tanto de Estados Unidos como de Argentina, vulnera la soberanía nacional y no conducirá al hallazgo de activos ejecutables de la República”.
La Procuración también destacó que, pese al recurso de apelación presentado contra la sentencia en el juicio por YPF, el Estado argentino ya colaboró con el proceso judicial entregando más de 100.000 páginas de documentos, incluyendo registros de cuentas financieras tanto locales como internacionales. Asimismo, advirtió sobre un supuesto abuso del proceso de discovery por parte de los demandantes, y apuntó directamente contra Burford Capital, el fondo que financia el litigio: “Lo utilizan para hostigar a la República e interferir con sus esfuerzos de recuperación económica”, aseguraron.
El especialista en temas judiciales y financieros Sebastián Maril, de deLatam Advisor, confirmó la información y detalló que la fijó una nueva audiencia para el 6 de agosto, donde se dará continuidad al análisis del acceso a comunicaciones de funcionarios y al posible embargo de activos soberanos.
Por el momento, el cumplimiento de la sentencia principal (que incluye la eventual entrega de acciones de YPF) se mantiene en suspenso, tras la intervención de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que resolvió congelar temporalmente la medida ordenada por Preska.
El Gobierno argentino, en tanto, espera que el tribunal superior prorrogue esa suspensión y ya anticipó que está dispuesto a llevar la causa hasta la si fuera necesario.
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