Mientras se decide cómo será el remate de las propiedades de la expresidenta Cristina Kirchner por su condena en la causa Vialidad, se generó un conflicto entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para decidir quién obtendrá y manejará los bienes recuperados.
El 15 de julio la Corte creó un reglamento para bienes decomisados, reservándose su registro y administración; sin embargo, este miércoles 13 de agosto, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial un decreto de necesidad y urgencia (DNU), asignándose las mismas facultades y constituyendo un Consejo de Bienes Recuperados.
¿De quién son los bienes de Cristina?
Los jueces federales de Comodoro Py, que hasta el martes pasado mandaban reportes de los bienes decomisados a la Corte para que decida qué hacer con ellos, ahora no saben cómo actuar, por lo que probablemente se presentará un planteo para que la Corte decida.
El , que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial, cambia, de manera implícita, la ley que establece que los bienes decomisados “son específicos del Poder Judicial”, reservando para el Ministerio de Justicia “la administración y conservación de estos bienes”, con su trazabilidad, para “garantizar la transparencia en todas las etapas del proceso”.
“Decreto de necesidad y urgencia mata acordada”, expresaron desde el Gobierno. Según su punto de vista, el DNU “no solo ordena y sistematiza un conjunto normativo actualmente disperso, sino que amplía sustancialmente el universo de bienes alcanzados por las medidas de conservación, administración y disposición, al consolidar en una única vía legal los recursos provenientes de procesos penales de la Justicia nacional y federal y de extinción de dominio”.
El decreto presidencial además detalla que la Agencia de Administración de Bienes del Estado funcionará como “órgano rector” de los bienes inmuebles estatales. Esto ocurre el mismo día en que terminó el plazo para que Cristina Kirchner deposite, junto con el resto de los condenados por la causa Vialidad, los 530 millones de dólares determinados por el Tribunal Oral para reparar el perjuicio económico que le provocaron al Estado.
También se creó el Consejo de Bienes Recuperados en favor del Estado Nacional, que estará a cargo de la “supervisión, evaluación y toma de decisiones orientadas a la coordinación interinstitucional, la asignación de recursos y el seguimiento de dichos bienes”.
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