Un juez firmó la caducidad del proceso a través del cual el Estado le reclamaba a Cristina Kirchner un resarcimiento de $22.300 millones.
El juez en lo civil y comercial, Marcelo Bruno Dos Santos, firmó la caducidad del proceso a través del cual el Estado le reclamaba a Cristina Kirchner y a los demás condenados en la causa Vialidad un resarcimiento de $22.300 millones por el 50% de las obras otorgadas a Lázaro Báez y que no se terminaron.
“Declarar operada la caducidad de la instancia en el presente proceso, con costas a la actora vencida“, resolvió el juez. De esta manera, y pese a la oposición del gobierno de Javier Milei a través de la Dirección Nacional de Vialidad, se le pone punto final a la demanda por daños y perjuicios que inició contra la ex presidenta, durante la administración de Mauricio Macri.
Esos seis meses, según la resolución judicial, se repartieron entre los gobiernos de Alberto Fernández y de Javier Milei. La administración de Milei disolvió ese organismo el mes pasado. La decisión de cerrar el reclamo indemnizatorio puede ser apelada por Vialidad para que sea revisada por la Cámara Civil y Comercial Penal.
La defensa de la ex vicepresidenta, a cargo de Luis Goldin, se presentó en el juzgado Civil de Marcelo Bruno Dos Santos para pedir la caducidad del proceso. Es la segunda vez que Cristina Kirchner apela al argumento de la falta de interés por parte de la Dirección Nacional de Vialidad para impulsar el reclamo que conlleva un resarcimiento multimillonario para el Estado.
Para argumentar el planteo, Goldin señaló que el expediente no tiene avances desde el 19 de octubre de 2023. Para la ex mandataria fue el último acto en la causa que permite la suspensión de los plazos procesales. Sin embargo, tras la confirmación por parte de la Cámara Federal de Casación de la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, incorporó al expediente esa resolución.
Este expediente no interfiere con la causa penal por la que Cristina Kirchner está condenada y como parte de la pena se le deben -a ella y al resto de los ocho condenados- 684 mil millones de pesos para resarcir el presunto delito cometido al estado. Ese decomiso está vigente, aunque la ex presidenta presentó una apelación que debe ser analizada por la Cámara Federal de Casación Penal.
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