El Congreso brasileño discute un proyecto de ley de amnistía que podría tener consecuencias directas en el futuro judicial de Jair Bolsonaro. Impulsada por sectores afines al exmandatario y respaldada por bloques conservadores como Unión Brasil y Progresistas, la iniciativa busca eximir de responsabilidad penal tanto a Bolsonaro como a los manifestantes que atacaron el Congreso, el Palacio del Planalto y la Corte Suprema a comienzos del año pasado.
La jugada política cobra velocidad en un momento clave: el Supremo Tribunal Federal tiene previsto dictar sentencia el próximo 12 de septiembre en causas vinculadas a los hechos del 8 de enero, donde Bolsonaro enfrenta acusaciones por su presunto rol como instigador. La estrategia de sus aliados es que la ley entre en vigencia antes de que avance la Justicia, lo que desataría un fuerte cruce institucional.
Detrás del impulso a la amnistía aparecen figuras como el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, el influyente pastor evangelista Silas Malafaia y el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente. Este núcleo duro empuja por una “amnistía amplia, general e irrestricta”, sin excepciones, que incluya al propio líder de ultraderecha y habilite su regreso a la arena electoral en 2026.
Sin embargo, no todo el Congreso acompaña esa postura sin reparos. Desde el centro político, algunos legisladores proponen una versión más acotada de la ley, que deje fuera de la exoneración a figuras clave, o incluso que condicione la amnistía al retiro de Bolsonaro y su familia de la carrera presidencial. En el Senado, donde el clima también es tenso, el presidente de la cámara, Davi Alcolumbre, ya advirtió que trabaja en un texto alternativo, lo que abre una nueva disputa dentro del oficialismo parlamentario.
¿Qué implica una ley de amnistía y cómo beneficiaría a Bolsonaro?
La amnistía es una herramienta jurídica que permite extinguir la responsabilidad penal de personas o grupos por delitos cometidos en el pasado. A menudo se la utiliza para cerrar ciclos de conflictividad política o social, especialmente tras dictaduras o guerras internas. En este caso, sin embargo, el uso del recurso genera controversia, ya que su aplicación podría tener un efecto inmediato en causas judiciales en curso y en el tablero electoral de los próximos años.
De aprobarse, la norma no solo cerraría las causas judiciales contra quienes participaron en los ataques del 8 de enero, sino que también permitiría a recuperar sus derechos políticos, hoy en suspenso. Así, una figura que enfrenta múltiples frentes judiciales podría volver a postularse para la presidencia en 2026.
Para muchos analistas, esta movida representa un uso estratégico de una herramienta pensada históricamente para promover la reconciliación. En un clima político cada vez más polarizado, la ley de amnistía podría no ser un punto de cierre, sino el inicio de una nueva etapa de confrontación institucional en .
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