La Cámara Federal confirmó este martes la realización del juicio en ausencia contra los diez acusados por el atentado a la AMIA.
La Cámara Federal confirmó la realización del juicio en ausencia contra los diez acusados por el atentado a la AMIA. El tribunal ratificó la decisión del juez Daniel Rafecas, quien en junio había dispuesto avanzar con el proceso en el marco de la nueva ley de juicio en ausencia, sancionada este año por el Congreso. La norma habilita a la Justicia a continuar con los procesos penales cuando los imputados evaden sistemáticamente los pedidos de extradición.
Los acusados del atentado a la AMIA son exfuncionarios iraníes y miembros de Hezbollah: Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar. Todos tienen pedido de captura internacional y alerta roja de Interpol desde 2006, pero nunca fueron detenidos, ya que la mayoría reside en Irán, país que no extradita a sus ciudadanos.
La decisión judicial fue duramente cuestionada por el gobierno iraní. En un comunicado, Issa Kameli, director general para América del Ministerio de Relaciones Exteriores, calificó la medida como una “acción ilegal, politizada y contraria al derecho internacional”. Además, acusó al presidente Javier Milei de alinearse con Israel y Estados Unidos en una “conspiración” para proteger a “funcionarios argentinos corruptos”. Kameli exigió una “explicación oficial” y denunció que se trata de una “maniobra hostil” destinada a deteriorar las relaciones bilaterales.
A 31 años del atentado, la Justicia busca evitar la impunidad y dar una respuesta a los familiares de las víctimas. Según la UFI AMIA, en estas décadas se abrieron 470 líneas de investigación, con 145 imputados, aunque solo 15 llegaron a juicio oral.
Las pericias determinaron que el ataque se perpetró con una camioneta blanca cargada de explosivos, que fue detonada frente a la sede de la mutual judía en Pasteur al 600. El pasado marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por las graves irregularidades en la investigación y por su responsabilidad en la falta de esclarecimiento del hecho.
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