El Gobierno envió una misión secreta a la OEA para destrabar el asilo político que concedió a la ex ministra de Correa condenada por corrupción

El canciller Santiago Cafiero ordenó que su jefa de Gabinete, Luciana Tito, viajara en secreto a Washington para solicitar la mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el inesperado conflicto diplomático entre la Argentina y Ecuador, que resiste convalidar el asilo político concedido por Alberto Fernández a la exministra María de los Ángeles Duarte Pesantes, condenada a ocho años de prisión por corrupción pública.

La misión secreta de Tito, que está acompañada por Holger Federico Martinsen, director de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, es un movimiento diplomático sin antecedentes en la trayectoria institucional de la OEA. Nunca sucedió que un país miembro solicite al foro regional que intervenga en la concesión de un salvoconducto a una exministra sentenciada por sobornos.

Duarte Pesantes integraba el gabinete del expresidente Rafael Correa -también condenado por corrupción en la misma causa-, y se encuentra refugiada en la embajada argentina en Quito. Guillermo Lasso, mandatario ecuatoriano, resiste el pedido de asilo solicitado por la Cancillería alegando que no existe ese beneficio legal para condenados por corrupción.

La ecuación de política doméstica es fácil de explicar: si Lasso acepta conceder el salvoconducto a favor de Duarte Pesantes, también debería otorgar idéntico beneficio a Correa, que está prófugo de la justicia de Ecuador con domicilio denunciado en Bélgica.

Tito y Martinsen son asistidos en Washington por Carlos Raimundi, embajador argentino ante la OEA. Raimundi tiene como referente político a Cristina Kirchner y defiende a los regímenes totalitarios de Nicaragua, Cuba y Venezuela.

Hasta anoche, la jefa de Gabinete de Cafiero y el director de la Consejería Legal de la Cancillería habían fracasado en su intento de lograr la mediación de la OEA en un conflicto diplomático que excede sus funciones institucionales. Podría ocurrir, como un simple gesto de cortesía, que Argentina pueda exponer esta semana en un reunión extraordinaria del foro regional, pero esa exposición no cambiará la posición política de Ecuador.

Además, la mayoría de los países miembros de la OEA consideran que no corresponde conceder el asilo diplomático a Duarte Pesantes, y menos aún que ese recurso humanitario facilite la condición jurídica del expresidente Correa.

Argentina está prácticamente sola en esta jugada secreta que lleva varios días en DC.

Alberto Fernández y Santiago Cafiero consideran que la exministra de Correa debe ser asilada en la Argentina, pese al rechazo del gobierno de Ecuador

Mientras los emisarios de Cafiero golpean las puertas de la OEA, el embajador argentino en Ecuador, Gabriel Fuks, abrió otra vía de negociación para lograr que se conceda el salvoconducto a la exministra de Correa. El 5 de diciembre, Fuks solicitó una reunión de equipos técnicos y jurídicos con funcionarios de ambos países para este lunes 12 de diciembre. Pero no hubo respuesta y nadie sabe en el Palacio San Martín si la resolución algún día llegará.

Esa reunión podría ser clave para determinar las condiciones del salvoconducto -la fecha de salida, cómo llega a la Argentina y qué sucede con su familia-, pero el silencio de la diplomacia local permite entender que todos los trámites han sido -de hecho- frenados.

Duarte Pesantes se encuentra en la embajada de Argentina en Quito desde agosto de 2020, tras probarse su participación directa en el caso Sobornos 2012-2016. Esta investigación judicial reveló una trama de financiamiento irregular del movimiento Alianza País, la coalición política que encabezó Correa y que tuvo como una de sus principales protagonistas a la entonces ministra de Transporte y Obras Públicas.

Una asesora de Correa -llamada Pamela Martínez- llevaba un cuaderno de contabilidad que registraba los aportes ilegales de empresas privadas al aparato político del ex presidente. Entre esas compañías se encontraba la constructora brasileña Odebrecht, que enfrentó casos de corrupción en toda América Latina.

Correa fue condenado en esta causa y se fugó al exterior, mientras que Duarte Pesantes eligió entrar a la embajada de Argentina y solicitar asilo al gobierno de Alberto Fernández. La ex ministra de Correa está en la residencia diplomática sólo para escapar de la sentencia de prisión que dictó la justicia de Ecuador. El viernes 2 de diciembre, Argentina solicitó el asilo diplomático para la ex funcionaria correísta.

Alberto Fernandez y Guillermo Lasso durante un encuentro oficial en la Casa Rosada

Argentina y Ecuador adhirieron a la Convención sobre Asilo Diplomático que entró en vigencia el 29 de diciembre de 1954 y que también fuera suscripta por otros dieciocho países de América Latina. En este marco, la Cancillería solicitó asilo a favor de Duarte y pidió una reunión de técnicos de ambos países para resolver los tiempos y la forma que permitirían a la exministra obtener un salvoconducto que le sirva para abandonar la embajada de Argentina en Quito y volar a Buenos Aires.

El 27 de noviembre, a través de un comunicado de su Cancillería, el Gobierno ecuatoriano manifestó que “se ve en el caso de recordar que las convenciones interamericanas que norman el asilo diplomático excluyen la posibilidad de conceder asilo a personas condenadas por la justicia ordinaria por delitos comunes”.

Allí se agregó que el proceso judicial contra Duarte Pesantes “se inició, desarrolló y concluyó con sentencia en firme antes de que inicie el actual gobierno ecuatoriano, contó con todas las garantías procesales para los acusados”. Resaltó, además, que “el delito de cohecho o soborno está tipificado en las convenciones de las Naciones Unidas e interamericana contra la Corrupción”.

De acuerdo al fallo judicial que fue apelado y quedó ratificado en septiembre de 2020, a la ex ministra, quien actualmente tiene 59 años, se la condenó “por el delito de cohecho pasivo propio agravado, tipificado en el artículo 285 del Código Penal y sancionado en el artículo 287 ibídem (hoy artículo 280, incisos primero y tercero COIP)”.

Tanto en su caso como en los de Alexis Javier Mera, Walter Hipólito Solís, Roldán Vinicio Alvarado, Viviana Patricia Bonilla, Christian Vitteri y Pamela María Martínez (otros asesores y funcionarios de Correa), según se afirma en la página 381 del fallo de 415 carillas, “se ha probado su participación como miembros de esta estructura de corrupción, a partir de lo cual, han transgredido de forma conjunta una serie de deberes específicos atinentes a su labor como funcionarios públicos, es decir como coautores del delito de cohecho pasivo propio agravado”.

Guillermo Lasso -presidente de Ecuador- no tiene apuro para resolver esta encrucijada diplomática que puede impactar con muchísima violencia política en su agenda doméstica. Si le concede el asilo a la ex ministra sentenciada por corrupción, no tendría otra alternativa que hacer lo mismo con Rafael Correa, que está prófugo tras su condena por haber recibido sobornos de compañías privadas.

Evo Morales, expresidente de Bolivia, Luciana Tito, jefa de Gabinete de la Cancillería, y Oscar Laborde, embajador argentino en Venezuela, durante un encuentro oficial

En la Cancillería que conduce Cafiero no sorprende la posición política del gobierno ecuatoriano. En abril de este año, Lasso visitó Buenos Aires y ratificó su posición institucional ante Alberto Fernández. Ocurrió durante una conversación a solas que ambos mandatarios protagonizaron en la Casa Rosada.

“Hablamos de manera general, no específica ni profundizando porque María de los Ángeles Duarte está sentenciada por un acto de corrupción en el Ecuador, y obviamente es el estatus legal de ella en el país. Eso lo sabe el presidente Fernández y obviamente, las decisiones que tome Argentina respecto de este caso nosotros las respetaremos. Pero en Ecuador ella está sentenciada por corrupción. Por lo tanto es un tema judicialmente definido”, sostuvo Lasso durante una entrevista periodística a un medio argentino.

El Gobierno de Alberto Fernández considera que Duarte es una presa política y merece su asilo en la Argentina, una posición institucional que es rechazada por Ecuador. Para la administración de Lasso, la ex ministra de Correa es una delincuente común que busca fugar de la justicia de su país apelando a un tratado internacional que no la protegería por los hechos de corrupción cometidos.