La Justicia resolvió le puso un nuevo freno a la privatización del Banco Nación. El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla resolvió prorrogar por 6 meses la medida cautelar que suspende el Decreto N 116/2025, la norma por la cual el Presidente Javier Milei buscaba transformar a la histórica entidad en sociedad anónima.
La medida representa otro traspié judicial para el Gobierno. En la resolución el juez Ramos Padilla argumentó que se mantienen las mismas condiciones jurídicas y fácticas que justificaron el dictado cautelar inicial en marzo de 2024 y que no hubo conductas dilatorias de parte de los trabajadores que promovieron la acción, por lo que consideró que correspondía extender la suspensión.
La medida del juez va en sintonía con una decisión realizada meses atrás por la . Luego de que el Congreso excluyera al Banco Nación de la lista de entidades a privatizar alcanzadas por la ley bases, la Cámara estableció que el Poder Ejecutivo carece de facultades para modificar su naturaleza jurídica por decreto.

Se trata de un punto crucial que también retomó Ramos Padilla en su nueva resolución. El argumento central es que no existe delegación legislativa suficiente que habilite al ejecutivo a avanzar en un cambio estructural de semejante magnitud.
Los trabajadores del Banco Nación contra las medidas del Gobierno
Lo cierto es que el frente judicial que se le abrió al Gobierno frente a su intento de transformar el Banco Nación en sociedad anónima no se habría abierto sin el impulso de los empleados de la entidad, quienes presentaron la demanda con el apoyo de la Asociación Bancaria, que se constituyó como amicus curiae en el expediente y así reforzó la legitimidad de la presentación.
Los jueces destacaron que la transformación proyectada por el Gobierno afecta de manera directa los derechos laborales y el vínculo jurídico de los trabajadores, dado que dejarían de pertenecer a una entidad autárquica de derecho público para pasar a una sociedad anónima regida por normas privadas.
De esta manera, el fallo de Padilla le pone límites a la hoja de ruta del Gobierno, que había presentado la transformación del como parte de un plan más amplio de achicamiento del Estado y capitalización de activos públicos.
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