La fiscalía de Brasil solicitó formalmente a la Corte Suprema que condene al expresidente Jair Bolsonaro y a siete de sus principales colaboradores por su presunta participación en un intento de golpe de Estado para tras las elecciones de 2022.
La acusación incluye delitos graves como “asociación criminal armada“, “tentativa de abolición del Estado democrático” y “golpe de Estado”. De prosperar el pedido, las penas podrían escalar hasta los 40 años de prisión.
Bolsonaro, quien lideró un gobierno de tinte ultraconservador y es una figura central de la derecha dura brasileña, insiste en su inocencia y denuncia que todo se trata de una persecución política. Sin embargo, en su declaración ante la Corte reconoció que evaluó invocar un “dispositivo constitucional” para evitar que Lula asumiera el cargo, lo que para los fiscales se traduce en un intento de desconocer el resultado electoral.
El caso no solo genera un fuerte sacudón institucional en Brasil, sino que ya tuvo repercusiones en la política internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió en defensa de su aliado ideológico y calificó el proceso como “una cacería de brujas”. En una movida que tensiona aún más la relación bilateral, anunció la imposición de aranceles del 50% sobre las importaciones brasileñas a partir del 31 de agosto.
Ahora, la decisión final queda en manos del juez Alexandre de Moraes, miembro de la Corte Suprema y figura clave en las investigaciones sobre los ataques al sistema democrático en Brasil. Moraes no es ajeno a las polémicas: actualmente está en la mira de Washington por sus fallos que afectan a plataformas de redes sociales estadounidenses, y podría enfrentar sanciones impulsadas desde la .
El futuro de Bolsonaro, cada vez más acorralado judicial y políticamente, se definirá en un proceso que promete marcar un antes y un después en la historia reciente de Brasil.
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