El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento del jefe de seguridad de Nordelta Ariel de Vicentis por su obstrucción a los allanamientos a los hermanos Kovalivker realizados en la causa en la que se investiga un esquema de corrupción en ANDIS.
Desobediencia, estorbo de acto funcional y encubrimiento, son los delitos por el que quedó procesado por no colaborar con las fuerzas de seguridad. Para el juez, en Nordelta, existe “una suerte de protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad”
De Vicentis argumentó al prestar declaración indagatoria que “estaba de vacaciones” cuando se presentó la Policía de la Ciudad en uno de los allanamientos en Pero que se interesó por “celo profesional”. Así, se excusó y buscó desligarse de la sospecha de que fue él quien alertó sobre la presencia policial a Jonathan Kovalivker, uno de los propietarios de la droguería Suizo Argentina.
Kovalivker no tenía pedido de captura, pero logró salir del barrio y mantenerse fuera del radal judicial por varios días. Buscaban su teléfono, que finalmente fue entregado días despúes, cuando se puso a disposición del juzgado.
Emmanuel Kovalivker, el hermano de Jonathan fue justo interceptado cuando intentaba abandonar el barrio. A él le secuestraron 266 mil dólares en sobres.
El juez consideró que el jefe de seguridad realizó actos de obstrucción a la justicia y dictó el procesamiento.
La situación de Ariel de Vicentis se ventilaba en un expediente aparta del principal por las supuestas coimas originado tras la difusión de los audios del ex titular de Andis, Diego Spagnuolo, en los que involucró a Karina Milei y su mano derecha Eduardo “Lule” Menem.
Los Kovalivker pidieron la “nulidad absoluta” de la causa
Los dueños de la droguería Suizo Argentina pidieron la “nulidad absoluta” de la causa originada en los audios del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, sobre supuestas coimas que irían a manos de funcionarios entre ellos Karina Milei y Eduardo “Lule”Menem.
Eduardo Kovalivker y sus hijos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de la droguería involucrada, se presentaron a través de su abogado Martín Magram y solicitaron la nulidad de la causa.
La presentación fue realizada el viernes pasado cuando el juez Sebastián Casanello allanaba las sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad () y las de la droguería.
La famosa doctrina del “fruto del árbol envenenado” finalmente fue invocada por la defensa. Esto es que el origen de la causa es una prueba obtenida ilegalmente, y todo lo derivado de ella cae y es inadmisible en un proceso.
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