A horas de que venza el plazo fijado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 para que los condenados en la Causa Vialidad depositen más de $684 mil millones en concepto de decomiso por perjuicios al Estado, Cristina Fernández de Kirchner presentó un escrito para impugnar la medida y solicitar que se suspenda la ejecución de sus bienes.
La expresidente condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta sostuvo que el monto dispuesto por el tribunal carece de sustento y denunció que el accionar de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola fue irregular. Según la defensa, los representantes del Ministerio Público no realizaron una investigación patrimonial que permita determinar con precisión qué bienes podrían ser decomisados bajo los parámetros del Código Penal.
Cristina Kirchner también cuestionó la metodología de cálculo utilizada para actualizar el decomiso, que pasó de $85 mil millones en 2022 a $684 mil millones en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del . Consideró que la decisión “convirtió en definitiva, sin sustanciación ni debate previo, una estimación provisoria”, lo que vulnera el derecho de defensa y el principio del juez natural. Además, remarcó que el uso del IPC en lugar de tasas bancarias (empleadas en casos similares) provocó “un incremento cien veces mayor”, que calificó como un “proceso confiscatorio prohibido por la Constitución”.
En duros términos, Cristina Kirchner calificó la decisión del tribunal como “un disparate jurídico” y advirtió que, de concretarse, “comprometerá la responsabilidad internacional del Estado argentino” por violar garantías convencionales. También habló de “desvíos” que, a su entender, “reconducen a prácticas inquisitivas y totalitarias” con un “mecanismo de persecución estrictamente confiscatorio”.
El TOF 2 (integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso) deberá resolver ahora si suspende o no la ejecución de los bienes. Paralelamente, la defensa interpuso un contra la resolución que actualizó el monto del decomiso, que será analizado por la Cámara Federal de Casación Penal.
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