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Dado que el reactor no estaba protegido por una cámara de contención, la explosión de vapor resultante atravesó el techo de la unidad e hizo llover trozos de barras de combustible y grafito altamente radioactivo en los alrededores. Los incendios resultantes generaron un humo radiactivo que transportó partículas contaminadas sobre Ucrania, Bielorrusia y Rusia, así como partes de Escandinavia y Europa en general. Inmediatamente se creó un plan para controlar y descontaminar la zona, bajo la implementación de una serie de robots mecanizados para las tareas más peligrosas. Sin embargo, los niveles de radiación eran tan altos que las placas se fundían y los robots dejaban de funcionar y, por eso, la tarea tuvo que hacerse a mano. Una dosis de radiación de 100 roentgens por hora basta para matar a un hombre, pero los niveles de Chernobyl superaban los 20.000 por hora. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud titulado “Chernóbil, la verdadera escala del accidente”, realizado a mediados de 2005, las víctimas fatales directas de este accidente fueron 50, casi todos miembros del servicio de emergencia, pero más de 4.000 personas sufrieron cáncer de tiroides como consecuencia de la radiación. En su mayoría eran niños o adolescentes. Los altos niveles de contaminación en los alrededores hizo que la región sea declarada “zona de exclusión” y rápidamente Chernobyl se convirtió en una ciudad fantasma, aunque la central continuó funcionando hasta el año 2000, cuando el ya independizado gobierno ucraniano decidió frenar toda actividad en el lugar.

La Argentina votó a favor de la resolución que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó este viernes en Ginebra por amplia mayoría para crear una comisión investigadora sobre las violaciones de los derechos humanos en Ucrania tras la invasión rusa.

Argentina, que ejerce la presidencia del organismo durante 2022, deberpa designar una Comisión Internacional Independiente de Investigación integrada por tres expertos para investigar las violaciones a los derechos humanos en Ucrania”, según se informó oficialmente.

El voto fue efectuado por la directora de Derechos Humanos de la Cancillería argentina, Cecilia Meirovich.

La resolución fue adoptada por 32 votos a favor -entre ellos el de la Argentina-, 2 en contra (Rusia y Eritrea) y 13 abstenciones, y tiene lugar dos días después de que la Asamblea General de Naciones Unidas reunida en Nueva York votase por aplastante mayoría un texto para exigir a Rusia la retirada de sus tropas de Ucrania y el fin de la guerra.

Es la primera vez en la historia del Consejo que una resolución concierne directamente a Rusia, explicó un portavoz de la ONU, reprodujo la agencia de noticias AFP.

La resolución condena “las violaciones y ataques a los derechos humanos como consecuencia de la agresión de la Federación Rusa”. El texto reclama “la rápida y verificable retirada de las tropas rusas, y de los grupos armados aliados de Rusia, de todo el territorio reconocido internacionalmente de Ucrania”, y pide la creación de manera urgente, y durante un año (inicialmente) de “una comisión investigadora internacional e independiente”, el nivel más alto de investigación del Consejo.

“La historia nos ha demostrado una y otra vez que la violencia no es el camino y que no es sino a través del diálogo y la diplomacia que se alcanzan soluciones duraderas”Cecilia Meirovich

“La historia nos ha demostrado una y otra vez que la violencia no es el camino y que no es sino a través del diálogo y la diplomacia que se alcanzan soluciones duraderas”, subrayó Meirovich en su disertación.

En ese sentido, la representante de la Cancillería reiteró que la Federación Rusa debe cesar “inmediatamente en el uso de la fuerza” y condenó la invasión a Ucrania “así como las operaciones militares en su territorio” tal como fue expresado el martes “en la sesión de emergencia de la Asamblea General”.

“Fiel a sus principios, la Argentina rechaza el uso de la fuerza armada y reitera la necesidad de una desescalada de la violencia”, remarcó.

Meirovich reafirmó el “firme compromiso” de la Argentina con el principio de “la solución pacífica de las controversias” y la necesidad de que “todos los países, sin excepción, cumplan con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.

Finalmente, agregó que deben respetar “la soberanía de los Estados y su integridad territorial, así como el derecho internacional, en particular el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos”.

Los investigadores tendrán la misión de “recoger, unir y analizar los elementos de prueba para atestar (…) violaciones” de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante la invasión de Ucrania, de cara a futuros procesos, así como identificar a los responsables de estas violaciones “para que respondan sobre sus actos”.

La invasión rusa provocó mucha conmoción en el mundo. Las manifestaciones contra la guerra y los gestos de solidaridad con los ucranianos se han multiplicado por los bombardeos y el éxodo de cerca de 1,2 millones de personas, según las últimas cifras de la ONU.

La votación se produjo después de que un incendio en la mayor central nuclear de Europa, la de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, tuviera en vilo al mundo entero durante varias horas, si bien finalmente las llamas pudieron ser dominadas y no hubo fuga radiactiva alguna.

El fuego se originó a causa de ataques de fuerzas militares rusas, que ya ocupan en lugar, según denunció Ucrania. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que se trató de “una provocación” de Ucrania.

Entre las 13 abstenciones se anotaron los representantes de Venezuela, Bolivia, Cuba, Armenia e India.

El 24 de febrero pasado, Rusia lanzó una ofensiva militar en Ucrania bajo la justificación de que el Gobierno de Kiev venía cometiendo crímenes contra los habitantes de dos provincias rusoparlantes en la región del Donbass a las que, previamente, Moscú había reconocido como Estados independientes.

El reclamo del Kremlin incluye la violación por parte de Ucrania de los Acuerdos de Paz de Minsk, de 2014 y 2015, que obligaban a Kiev a darle a esas dos ciudades -Lugansk y Donetsk, que en sendos referendos votaron por separarse de Ucrania- autonomía y posibilidades de elegir sus propias autoridades regionales.

Ucrania, en cambio, afirma que con la operación militar Rusia pretende arrasar con la cultura y la historia ucraniana, y derrocar al presidente Volodomir Zelenski para promover que llegue al poder un dirigente cercano a Moscú.

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