El diputado de Unión por la Patria Daniel Arroyo dialogó con Es Nota sobre el ajuste del Gobierno nacional en el área de discapacidad, el futuro de las jubilaciones y el anuncio de la candidatura de Cristina Fernández en la provincia de Buenos Aires.
Sos uno de los impulsores del proyecto de la ley de Emergencia en Discapacidad, que obtuvo media sanción este miércoles en Diputados. ¿Cuál es el núcleo del proyecto?
El proyecto tiene tres partes. La primera actualiza el nomenclador. Básicamente las personas hoy con discapacidad no están accediendo a las prestaciones básicas. Una persona que trabaja en un taller protegido, que trabaja cuatro horas por día, cobra 28 mil pesos por mes. No por día, por mes. Un transportista que transporta a personas con discapacidad cobra 541 pesos el litro de nafta. Como la nafta está a 1.300 pesos, en vez de llevarlo los cinco días que requiere el tratamiento lo lleva dos, con suerte. Un alumno, un chico con discapacidad que está en una escuela común, tiene un asistente, que cobra 3 mil pesos la hora, a 180 días. Es decir, hay gente que está buscando otro laburo porque no cobra. Los hogares están a punto de cerrar, todos deben plata, todos hacen feria americana, rifas. Está colapsada la atención a personas con discapacidad.
El primer punto es que se actualiza el nomenclador. Se toma de base diciembre de 2023, antes del 120% de devaluación. Se trae el nomenclador a hoy, ajustado por inflación, de modo que el transportista cobre el litro lo que sale la nafta, la persona que trabaja cobre, las personas con discapacidad accedan a los medicamentos y el terapista que acompaña a las personas pueda hacerlo. Lo primero que hace la ley de Emergencia es eso.
El 29 de mayo pasado hubo una movilización federal con fuerte presencia de familias, prestadores y organizaciones. ¿Qué diagnóstico hacés de la situación?
Es que están desesperados, es una locura lo que está pasando en materia de discapacidad. El Estado se ha corrido, se ha desacomodado mal el nomenclador. No está funcionando el sistema. Además de esa situación, que es muy crítica y por eso la emergencia, tenemos un segundo punto: que el Estado decidió maltratar a las personas con discapacidad, lastimarlas. En primer lugar, arrancamos con el vocero presidencial mostrándonos una radiografía de un perrito y una colita, contándonos que la persona había accedido a una pensión por discapacidad, lo cual no es cierto. Esa persona nunca accedió a una pensión por discapacidad. Luego, en enero de este año, no le hablo del siglo XIV, hace cuatro meses, el gobierno hizo una resolución denominando a una persona con discapacidad como idiota, imbécil y débil mental. Finalmente, lo que tenemos hoy es todo el tiempo el gobierno lastimando a las personas con discapacidad.
Y la ley establece además una regla, que es el respeto. No se puede maltratar a las personas con discapacidad. Uno puede hacer una política que le guste más o menos, con tal gobierno o tal otro, pero no se puede maltratar. Y la tercera parte de esta ley tiene que ver con las pensiones. El gobierno está haciendo una auditoría, lo cual está bien para las personas que tienen pensión por discapacidad. Pero la forma de hacerla bien es ir a ver dónde está el problema. Si hay un médico que dio muchísimas pensiones, muy por arriba del promedio, evaluemos esos casos. Si hay una localidad donde hay muchísimas pensiones otorgadas, muy arriba del 11%, que es el promedio de pensiones, evaluemos también ahí. No hizo eso el Gobierno: mandó 300.000 cartas de documentos, generó esta desesperación, 10 horas de cola, gente que va, que viene, que presenta papeles, que no sabe qué hacer claramente, y le piden todo de vuelta. A una persona que tiene una ceguera de nacimiento le piden que vuelva a presentar todos sus estudios. La ley también reordenaría las pensiones, le dice al gobierno ‘usted haga una auditoría razonable, seria, y ordene las pensiones’, porque hoy nadie sabe qué tiene que valorar el médico ni qué papeles tiene que presentar la persona con discapacidad.
¿Y qué creés que debería hacer el Gobierno?
Lo que debería hacer, racionalmente, es abrazar el proyecto, porque le está dando recursos a la Agencia Nacional de Discapacidad para hacer una política pública. El gobierno podría eventualmente vetar esta ley, pero hay que tener mucho estómago para hacerlo. Estamos hablando del dolor, de las dificultades grandísimas que tiene una familia. Lo único que no puede hacer el Estado es lastimar y maltratar a las familias.
Hablemos ahora de las jubilaciones. ¿Cómo analizás lo que está pasando con ese tema?
Tenemos un problema y es que el 23 de marzo se terminó la moratoria. Solo se jubila hoy una de cada 10 mujeres, o sea, solo se jubila quien tiene 30 años de aporte. Una de cada 10 mujeres, tres de cada 10 varones. Hubo una iniciativa para extender la moratoria, lo cual es de pura lógica, porque en un país con 42% de informalidad laboral, donde tanta gente entra y sale del mercado laboral, trabaja de lo que puede, es imposible pedirle a alguien 30 años de aporte. Una cosa es un docente que arranca de joven y hace 30 años de trabajo, pero son los casos más excepcionales. Entonces, claramente lo que tenemos que hacer es extender la moratoria jubilatoria. Y después, con el bono de las jubilaciones: hoy tienen un bono adicional de 70 mil pesos, que son los mismos 70 mil pesos congelados desde hace 14 meses, con lo cual los jubilados fueron perdiendo ingresos, la idea es compensar y aumentar ese bono.
Por último, reapareció la expresidenta Cristina Fernández y confirmó su candidatura. ¿Cuál es tu opinión?
Cristina tiene todo el derecho a ser candidata a lo que le parezca, en este caso a diputada provincial por la tercera Sección Electoral. Yo lo que creo es que el peronismo está en el medio de una interna y un conflicto que nadie entiende y que aumenta la distancia entre la política y la sociedad. Porque en la pelea entre Kicillof y Cristina no hay un debate en el medio, no es que uno quiere el Fondo Monetario y otro no, o uno quiere privatizar y otro quiere estatizar. Es un debate por quién tiene la lapicera, quién maneja el poder. En un contexto de tantas dificultades eso aumenta la distancia entre la política y la sociedad. En mi opinión, acá hay que hablarle a la vida cotidiana, que es lo que yo trato de hacer en varios planos.
Y en cuanto a la fecha de elecciones, que finalmente se desdobló, ¿estás de acuerdo?
Ya sucedió, ya está. Entiendo que básicamente se va a votar el 7 de septiembre y después el 26 de octubre. Si en una elección se debate la cuestión de la provincia de Buenos Aires y en otra la cuestión más nacional, quedó claro en la votación de la Ciudad de Buenos Aires que se nacionalizó la campaña automáticamente.
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