La difusión de un video donde se ve a militares golpeando a un manifestante indígena tendido en el suelo encendió aún más la bronca social en Ecuador, sumido desde hace más de una semana en una fuerte protesta nacional contra el gobierno de Daniel Noboa.
La víctima, identificada como Efraín Fueres, un artesano kichwa de 46 años, falleció horas después en un hospital. Su muerte, en medio de una represión militar, convirtió su figura en símbolo de la resistencia indígena.
La Fiscalía de Ecuador ya inició una investigación por “uso ilegítimo de la fuerza”. En paralelo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció un “crimen de Estado” y aseguró que el ataque se cometió bajo órdenes directas del presidente Noboa. “Militares y policías disparan balas reales, dinamita y armamento letal contra comunidades indígenas”, sostuvo la organización en un comunicado.
El conflicto de fondo en Ecuador: el diesel como detonante
La mecha que encendió el conflicto fue el decreto presidencial 126, con el que Noboa eliminó el subsidio al diésel, provocando un aumento del 56% en su precio. En zonas agrícolas y rurales, donde ese combustible es esencial para la producción y el transporte, el impacto fue inmediato. Desde el 22 de septiembre, comunidades indígenas mantienen bloqueadas rutas clave y declararon un paro nacional indefinido, liderado por la Conaie.
La represión del domingo no fue el único episodio grave. En Cotacachi, otro de los focos de la protesta, 17 militares fueron retenidos por manifestantes. El gobierno lo calificó como un “secuestro”, pero desde la dirigencia indígena lo niegan tajantemente: “Nosotros no somos pueblos que secuestramos, no somos extorsionadores”, dijo Marlon Vargas, presidente de la Conaie. Hasta el momento, solo cuatro soldados fueron liberados.
Desde el Ejecutivo endurecieron el discurso. Noboa tildó las acciones de “terroristas” y aseguró que quienes participaron podrían enfrentar hasta 30 años de prisión. Su ministra de Gobierno, Zaida Rovira, sostuvo que los militares retenidos escoltaban un convoy con ayuda humanitaria y fueron emboscados “por estructuras criminales”. Incluso se habló de infiltración del Tren de Aragua, aunque sin aportar pruebas concretas.
Violencia, detenidos y una demanda internacional
La escalada represiva en Ecuador dejó un saldo preocupante: según la Alianza por los Derechos Humanos, ya hay al menos 63 detenidos, 48 heridos y seis personas desaparecidas. El Ministerio del Interior maneja cifras diferentes: habla de 90 arrestados y 12 imputados. Además, 12 soldados resultaron heridos en los choques.
Frente al recrudecimiento de la violencia, organismos internacionales comenzaron a intervenir. La expresó su “profunda preocupación” y pidió resolver el conflicto mediante el diálogo. Jan Jarab, de la Oficina de Derechos Humanos para América del Sur, advirtió sobre el “riesgo real de violaciones a los derechos humanos” por el despliegue militar. En la misma línea, la relatora especial sobre Libertad de Asociación, Gina Romero, alertó sobre un uso de leyes que no se ajustan a estándares internacionales.
En el plano local, la no solo exige la derogatoria del decreto 126. El reclamo se amplió a un paquete de nueve puntos que incluye el regreso del IVA al 12%, el fin de la expansión minera y petrolera, mejoras urgentes al sistema de salud y el respeto al derecho a la protesta. También exigen la liberación de los manifestantes trasladados a cárceles alejadas de sus comunidades.
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