Tras la desregulación impuesta por el Gobierno a principios de este mes, las empresas de micros suspendieron la gratuidad de los pasajes por discapacidad.
A raíz de la desregulación que impulsó el propio Gobierno en el Transporte, las empresas de micros de media y larga distancia dejaron de permitir que las personas con discapacidad tomaran micros gratuitamente, derecho que les correspondía por ley. Frente a esa situación, la Secretaría de Transporte impuso multas e intimaciones a decenas de empresas y, ahora, presentó una medida cautelar a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
La cautelar impulsada por la CNRT tiene por objetivo que la Justicia obligue a las empresas de transporte de media y larga distancia a cumplir con la gratuidad de los viajes en micros para las personas con discapacidad. Dejaron de permitirlo luego del Decreto 883/23, que flexibilizó el sector a principios de este mes. Según explican desde la Secretaría de Transporte, la desregulación que supuso ese DNU no pretendía que vuelvan a cobrarse los viajes de las personas con discapacidad, pero las compañías interpretaron la retirada de las regulaciones como una especie de libertad para decidir si cobrar o no esos pasajes.
Cabe resaltar que fue el propio Gobierno quien eliminó las normas que obligaban a las empresas a proveer esa clase de servicios, pero ahora intenta subsanar las consecuencias del decreto por la vía judicial. Además, la CNRT aplicó sanciones a más de 40 empresas, luego de recibir múltiples denuncias de usuarios a los que les negaban la gratuidad del pasaje.
“He instruido al titular de la CNRT para que hoy mismo presente una medida cautelar con la finalidad que la justicia ordene a las empresas de transporte cumplir con el acceso gratuito a pasajes para personas con discapacidad. Esto se suma a las más de 350 sanciones y 1.000 intimaciones que ya fueron emitidas por la CNRT. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para controlar que el derecho de las personas con discapacidad se cumpla”, publicó hoy el secretario de Transporte, Franco Mogetta.
Por su parte, la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) rechazó las multas recibidas por las empresas de micros alegando que, al no contar ya con los subsidios del Estado, sufren una fuerte presión financiera que empeora con la gratuidad de los pasajes para personas con discapacidad. Asimismo, indicaron que quienes más sufren son los operadores más chicos, en desigualdad de condiciones ante nuevos actores que pueden ingresar al mercado gracias a la desregulación y que no están obligados a cumplir con las mismas responsabilidades.
En ese sentido, desde la Cámara sostuvieron que existe una competencia desigual y que el costo de ofrecer pasajes gratuitos se volvió demasiado pesado ante la falta de la compensación que garantizaban los subsidios.
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