En un nuevo paso hacia la privatización de AySA, el Gobierno reemplazó el marco normativo vigente y autorizó el corte del suministro por falta de pago.
En un nuevo paso hacia la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), el Gobierno nacional reemplazó el marco normativo vigente y autorizó el corte del suministro por mora. La reconfiguración de las reglas del servicio de agua y cloacas en el área metropolitana tiene como objetivo atraer inversiones privadas y mejorar la eficiencia operativa de la compañía.
A través del , difundido en el Boletín Oficial, el Gobierno informó que “la estructura actual resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad”, en el marco de una “profunda crisis económica” que impide al Estado continuar subsidiando el sistema de AySA.
Además, se le otorgaron “amplias facultades para auditar las obras dentro del Área Regulada”, así como la posibilidad de constituir garantías con los ingresos de la concesión para respaldar financiamiento externo a la compañía.
El Ejecutivo dejó sin efecto el carácter intransferible de las acciones del Estado en la sociedad. A partir de ahora, el 90% del capital social de AySA queda en manos del Ministerio de Economía, que podrá enajenar su participación total o parcialmente, y el 10% restante pertenece a los empleados adheridos al Programa de Propiedad Participada.
Asimismo, se fijó un plazo de cinco años como período de transición desde la eventual adjudicación de AySA al nuevo concesionario, durante el cual se aplicará progresivamente el nuevo régimen regulatorio para evitar desajustes en la ecuación económico-financiera del contrato.
En este sentido, se estableció un nuevo régimen de relaciones entre los entes reguladores: El ERAS (Ente Regulador de Agua y Saneamiento) y la APLA (Agencia de Planificación) deberán cooperar y podrán ser convocados por la concesionaria o la sindicatura de usuarios ante cuestiones técnicas u operativas que así lo ameriten.
El crea, además, el Plan Director de Mejora Estratégica, un instrumento técnico que será elaborado por APLA y revisado cada cinco años. Su objetivo es identificar las obras prioritarias para extender el servicio en función de criterios de viabilidad técnica y densidad poblacional. Aunque no tendrá carácter vinculante, servirá como guía para la planificación de inversiones por parte de la futura concesionaria.
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