El Gobierno de Javier Milei ratificó su intención de vetar cualquier proyecto que implique un aumento del gasto público.
El Gobierno de Javier Milei ratificó su intención de vetar cualquier proyecto que implique un aumento del gasto público, en especial los impulsados por el kirchnerismo y la izquierda para mejorar los haberes jubilatorios. La sesión convocada por la oposición en la Cámara de Diputados amenaza con lograr quórum y aprobar iniciativas que representan un fuerte impacto fiscal, según advirtieron desde el oficialismo.
Entre las propuestas en discusión figura una suba del 7,2% en las jubilaciones y pensiones, junto con una actualización del bono extraordinario de $70 mil a más de $100 mil. El Ejecutivo estima que esta medida costaría alrededor del 1,3% del PBI. “No hay ninguna chance de que toquemos el Presupuesto”, repiten en la Casa Rosada, donde remarcan que cualquier intento de alterar el rumbo económico será frenado con un veto presidencial.
Desde Presidencia de la Cámara de Diputados, Martín Menem alertó sobre el impacto fiscal de los proyectos en debate, que superaría los 12.000 millones de dólares. “Se esconden detrás de causas nobles para romper el equilibrio fiscal”, sostuvo en sus redes sociales. En tanto, voceros cercanos a Milei aseguran que el Presidente no dudará en utilizar el veto si se aprueban las iniciativas opositoras. No sería la primera vez: ya lo hizo con aumentos a jubilados y a las universidades en 2024.
En paralelo, el conflicto salarial en el Hospital Garrahan suma presión. El Gobierno anunció un aumento de 30% en los bonos de los residentes, pero estos rechazaron la oferta por no haber sido comunicada formalmente y por no implicar una suba del salario básico. Esta noche realizarán una “marcha de las velas” al Obelisco, mientras que el resto del personal, que representa el 90% de la planta, mantiene su reclamo por recomposición.
La Junta Interna de ATE denunció la exclusión del personal de planta en las negociaciones y advirtió que el conflicto lejos está de cerrarse. Se espera una asamblea general el martes, donde se definirá la continuidad de las medidas de fuerza. En el Gobierno acusan a los gremios de fogonear el conflicto para resistir el nuevo sistema de control biométrico de asistencia, que comenzará a aplicarse este lunes en el hospital.
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