El Gobierno nacional intervino en la negociación paritaria entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de colectivos y desactivó el paro de colectivos que el sindicato tenía programado para el viernes 28 de marzo.
Así, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria con un plazo de 15 días entre las partes y los trabajadores agrupados en la UTA deberán levantar la medida de fuerza que habían ratificado.
En un primer momento, la UTA planteó un paro de colectivos de 24 horas, que iba a comenzar a las 0:00 del viernes, afectando el transporte de más de 9 millones de pasajeros. A partir de ahora, las partes deberán continuar con la negociación pero no podrán generar medidas de fuerza mientras dure la conciliación.
El gremio, por su parte, había expresado que el paro llegaba en señal de reclamo por sus condiciones salarialeS: “La medida de acción sindical se realiza ante la intransigencia empresaria expresada, a quienes no les interesa dejar a 9 millones de pasajeros varados“. Y suman: “Nuestros empleadores no pueden ni deben desentenderse de su responsabilidad”.
El comunicado del Gobierno para desactivar el paro de colectivos
El reclamo salarial detrás del paro de colectivos
La disputa salarial se centra en el reclamo de los trabajadores por una mejora en sus haberes, ya que el salario básico de un chofer en el AMBA es actualmente de 1,2 millones de pesos, sin aumentos desde julio de 2024. A pesar de que el Gobierno ha incrementado los subsidios a las empresas en un 17%, no se ha contemplado un aumento en los sueldos de los choferes.
Desde las cámaras empresarias, aunque reconocen la legitimidad del reclamo, sostienen que no cuentan con los recursos para otorgar un aumento salarial a los trabajadores y que necesitan una actualización del precio del boleto. Según cálculos de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), el precio del boleto en el AMBA, sin subsidios, debería ser de aproximadamente $1.600, frente al precio actual de $371.
Además, las empresas reclaman una actualización de la estructura de costos, que no se modifica desde octubre de 2024, y la renovación de unidades que circulan, cuya antigüedad debería ser de no más de 10 años, así como la implementación de cámaras de seguridad y del sistema ADAS, que buscan reducir la cantidad de accidentes en la vía pública.
En paralelo, desde la CGT observan el conflicto con atención, ya que el resultado de esta negociación podría influir en el clima de la movilización prevista para el jueves 10 de abril, cuando se llevará a cabo un paro general de 24 horas. La UTA, en ese contexto, ha asegurado que brindará los servicios de colectivos normalmente para garantizar una desconcentración ordenada durante la protesta.
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