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El gobierno enfrenta demandas por la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NASA)

Una diputada de Unión por la Patria presentó el primer amparo para evitar la venta de la empresa estatal

El proyecto del Gobierno para vender parte de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), bajo la conducción de Demian Reidel, ya sufre escollos legales y se enfrenta a los primeros amparos para frenar la privatización.

La iniciativa oficial busca desprenderse del 44 % del capital accionario de NASA mediante una licitación pública, tanto a nivel nacional como internacional, pero manteniendo el control estatal con un 51 % restante. Además, se prevé un programa de participación para los trabajadores con un 5 % de las acciones.

Sin embargo, varios actores ya salieron al cruce. Ante la Justicia se habrían presentado demandas para frenar el proceso, cuestionando la constitucionalidad del decreto que habilita la venta. Según advierten los denunciantes, la operación podría comprometer la “soberanía energética” del país y exponer los activos estratégicos a intereses privados no alineados con el interés nacional.

En ese sentido, la diputada de Unión por la Patria, Gabriela Estevez, presentó un amparo este fin de semana para solicitar la nulidad del proyecto. En el documento, Estevez denuncia que “la privatización no tiene justificación técnica ni económica. Por el contrario, pone en riesgo la continuidad de obras estratégicas, la seguridad radiológica y la estabilidad tarifaria de más de 2,5 millones de hogares”. Como advierte el amparo, una vez transferido el 44 % del capital accionario, “el daño sería irreversible”.

Uno de los puntos más criticados es la valuación de la empresa: el Gobierno ordenó que un banco público realice la tasación de las acciones, ya que el Tribunal de Tasaciones de la Nación no estaría en condiciones de evaluar activos intangibles complejos, como los relacionados con tecnología nuclear.

Desde el oficialismo argumentan que la venta parcial es una medida estratégica para atraer capital privado, garantizar inversiones en proyectos clave (como la extensión de la vida útil de la central nuclear Atucha I) y fortalecer la gestión operativa bajo control estatal.

Sin embargo, según el amparoel proyecto tiene como objetivo reducir las capacidades nucleares argentinas y “carece de un rumbo claro”. Los trabajadores de las centrales nucleares vienen resistiendo el desguace nuclear, mediante un plan de lucha permanente en los lugares de trabajo y repudiando a la conducción entreguista de la empresa”

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