En un giro que sacudió el tablero político de Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo firmó el decreto de intervención del municipio de Juan Bautista Alberdi, luego de que se viralizara un audio que involucra al intendente Luis Pato Campos en presuntos vínculos con el narcotráfico y otras graves irregularidades en la gestión local.
La medida también alcanza al Concejo Deliberante y establece un plazo de intervención de hasta 180 días, durante los cuales el distrito será administrado por el dirigente peronista Guillermo Norry, designado como interventor. Además, se convocó a elecciones municipales para el 26 de octubre.
Campos, un dirigente del peronismo local con fuerte ascendencia en la zona sur de la provincia, gobierna desde hace más de dos décadas en tándem con su esposa, la actual legisladora Sandra Figueroa, alternándose el mando del municipio desde 2003. Su figura venía acumulando denuncias, pero el detonante fue una conversación telefónica grabada y difundida por el empresario local Roberto Giménez, quien también aspira a la intendencia.
Intervención de Tucumán: del audio explosivo a la denuncia pública
En el audio, que se conoció a través del diario La Gaceta, se escucha a Giménez exigirle a Campos el pago de una deuda por servicios de obra pública, a la vez que lo increpa por la falta de control en el municipio y lanza acusaciones directas sobre su supuesto rol en redes de narcotráfico.
“Vos tenés que decirle: ‘soy el intendente, soy el que maneja la policía, soy el que maneja la droga, soy el que maneja las muertes, todo‘”, dice Giménez en un pasaje de la grabación. Y sigue: “Necesitás un Al Capone para gobernar, no un Lassie”. También menciona supuestos consumos personales del intendente: “Están diciendo que Luisito se mete merca todos los días en la oficina”.
Si bien Campos reconoció públicamente que es su voz la que aparece en el audio, negó cualquier vínculo con el narcotráfico y denunció una operación política en su contra. El caso ya está en manos de la Justicia y motivó allanamientos en domicilios particulares y oficinas municipales, ordenados por el Ministerio Público Fiscal del Centro Judicial de Concepción. El procedimiento contó con la participación de la policía provincial y fuerzas federales.
En una rueda de prensa brindada desde la Casa de Gobierno, Jaldo defendió la intervención y fue categórico: “Van a ir presos los que tengan responsabilidad. No es merecedor de conducir ni una ciudad ni una comuna. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”.
El mandatario también relacionó el escándalo con recientes operativos antidrogas en la zona: “Un día antes del audio secuestramos un pan de cocaína en Alberdi. Están molestos, están intranquilos”, afirmó.
El decreto de intervención, que será sometido a votación en la Legislatura este jueves, se apoya en el artículo 139 de la Constitución provincial, que permite la disolución de autoridades municipales ante “graves desórdenes institucionales”.
“Los vecinos de Alberdi han sido víctimas desde hace tiempo de hechos vinculados a la venta ilegal de estupefacientes, situación que se agravó con las denuncias penales contra las autoridades municipales”, señala el texto firmado por Jaldo, el ministro del Interior Darío Monteros y otros miembros del gabinete.
Juan Bautista Alberdi, ubicado a poco más de 100 kilómetros al sur de San Miguel de Tucumán, representa uno de los bastiones históricos del peronismo tucumano. En los últimos años, sin embargo, su administración fue blanco de reiteradas denuncias por malversación de fondos, precariedad institucional y presunto encubrimiento de actividades ilícitas.
La intervención no sólo refleja una crisis institucional en Alberdi, sino también un reacomodamiento político dentro del oficialismo tucumano, en un contexto donde la Justicia y la política parecen volver a cruzarse con fuerza
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