Un contrato de “locación de servicios” por 1 millón de dólares, con fecha de junio de 2019, lleva las firmas de José Luis Espert y Fred Machado.
Se conocieron nuevos detalles del vínculo entre José Luis Espert y Federico “Fred” Machado. Un contrato de “locación de servicios” por 1 millón de dólares, con fecha del 7 de junio de 2019, lleva la firma del entonces desconocido economista -15 días antes de lanzar su candidatura- y del empresario que ayer la Corte Suprema decidió extraditar a los Estados Unidos, donde lo juzgarán por delitos ligados al narcotráfico y el lavado de dinero.
El contrato en cuestión disponía que 100.000 dólares fueran abonados “en el acto de la suscripción” del acuerdo; es decir, cuando Espert estaba a dos semanas de empezar oficialmente su campaña; y el resto, “en nueve cuotas mensuales consecutivas e iguales”, todas de US$100.000 cada una, “a partir del mes siguiente al de la suscripción” del convenio, mediante “transferencia bancaria”.
Machado firmó el contrato como “representante” de Minas del Pueblo, una empresa de Guatemala que era de él y que hoy también está investigada y que fue intervenida por la justicia estadounidense. El empresario le financió la campaña presidencial a Espert con vuelos en un avión privado -la Justicia detectó que fueron al menos 36- y una camioneta que puso a su disposición. Nada de ese dinero fue declarado como fondos de campaña.
La semana pasada Espert reconoció haber cobrado 200.000 dólares de Minas del Pueblo en 2020 y admitió la firma de un convenio con . Sin embargo, no dijo que era por un millón de dólares ni que su redacción preveía que él recibiera pagos cuando estaba en la . Por el contrario, dijo que sólo una vez que terminara la campaña podría asumir el compromiso como asesor privado.
Según el contrato que reveló el diario La Nación, Espert aceptó “la realización de un análisis de mercado y el asesoramiento integral para refinanciar deuda y confeccionar un plan estratégico de ampliación y crecimiento de la empresa a tres años, con su seguimiento y control, informando periódicamente al comitente sobre los avances del trabajo encomendado”.
El contrato tenía un tiempo estipulado para llevar a cabo el trabajo de doce meses a partir de la firma del convenio. Pero establecía: “Ambas partes expresan que el plazo convenido podrá ser prorrogado por acuerdo de ambas por el plazo que estimen conveniente”. Las pautas de los pagos estaban claramente fijadas: Espert debía cobrar 100.000 dólares “dentro de los primeros cinco días de cada mes”, algo que contradice a Espert, quien niega pagos previos a 2020.
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