La central obrera cuestiona la falta de diálogo con el gobierno y reclama que, antes de cualquier cambio laboral, se avance en una reforma tributaria que alivie a las pymes.
La Confederación General del Trabajo (CGT) redobla su resistencia frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. En un clima de creciente tensión, los líderes sindicales critican la falta de diálogo, exigen prioridades distintas y advierten que varios de los puntos convocan a una “guerra” que podría sacudir el mapa social y económico argentino.
Uno de los cotitulares de la CGT, Jorge Sola, subrayó que hasta ahora la central obrera no fue convocada en serio para debatir la letra fina del proyecto. Denuncia que el Ejecutivo solo difundió “propuestas generales”: “No hay letra chica, solo propuestas generales, que tenían, en algún sentido, la idea de replicar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 … al que nos opusimos, y que la Justicia declaró inconstitucional”.
Para Sola, el orden de prioridades está al revés: antes de reformar el régimen laboral, el Gobierno debería encarar una reforma tributaria que alivie la presión impositiva sobre las pequeñas y medianas empresas: “La resolución no es la reforma laboral, es primero la reforma tributaria”, afirmó.
Según su análisis, una PYME que recién comienza debe afrontar impuestos nacionales, provinciales y municipales que representan entre el 30% y el 40% de sus ventas, aun antes de contratar a su primer trabajador. En esta línea, advirtió además que no existe una mesa formal de negociación: “no nos están dando la posibilidad de aportar soluciones”.
Otro punto clave para la CGT es que los verdaderos afectados —trabajadores y empleadores— no fueron partícipes en la construcción del proyecto: “los dos actores principales … no están en una mesa para consultarles qué piensan … darles la posibilidad de aportar miradas y soluciones”.
Los 10 puntos que tensan aún más la relación
Desde el Ejecutivo circulan al menos diez propuestas del supuesto proyecto que más preocupan a la CGT. Entre los más conflictivos:
- Limitación de la ultraactividad automática de los convenios colectivos: se propone que solo las “cláusulas normativas” (condiciones de trabajo) sigan vigentes tras el vencimiento, mientras que las “cláusulas obligacionales”, como aportes, se caerían. La CGT advierte que esto debilita la voluntad colectiva y pone en riesgo la paz social.
- Prioridad a los convenios por empresa: los acuerdos específicos de cada empresa prevalecerían sobre los de actividad, lo que podría debilitar el poder negociador de los sindicatos.
- Limitación de las “cuotas solidarias”: se prohibiría imponer aportes obligatorios a no afiliados, salvo que lo acepten explícitamente, lo que socavaría la financiación sindical.
- Regulación del derecho de huelga: redefinición de “servicios esenciales” y establecimiento de mínimos de cobertura (75% para ciertos sectores) para permitir huelgas, lo que la CGT ve como una restricción severa.
- “Salarios dinámicos”: incorporar un componente variable (mérito, productividad) en el salario, algo que para algunos dirigentes sindicales debilita el salario básico.
- Autorización para asambleas de trabajadores: requerir permiso para hacer asambleas, una medida que podría limitar medidas de fuerza encubiertas.
- Modificación del principio de norma más favorable al trabajador: el proyecto oficial propone reglas de interpretación más “objetivas”, lo que para los sindicalistas equivale a debilitar protecciones.
- Banco de horas y cálculo de jornada por promedios: flexibilización del horario laboral, acordado entre empleadores y sindicatos, pero con riesgo de abusos según la CGT.
- Fraccionamiento de vacaciones: permitir dividirlas en períodos de al menos 7 días por acuerdo entre las partes, con la advertencia de que puede favorecer demasiado al empleador.
- Ampliación de infracciones por bloqueos sindicales: el proyecto considera como “infracción grave” organizar un bloqueo o tomar un establecimiento, lo que los sindicatos interpretan como un intento de criminalizar las protestas.
Los líderes de la CGT ya dieron señales claras: están dispuestos a negociar, pero bajo condiciones estrictas. Cristian Jerónimo, otro de los cotitulares, dijo que rechazarán de plano “cualquier intento de flexibilización” que vaya en detrimento de los derechos adquiridos. Además, exigió un “diálogo tripartito” entre Gobierno, sindicatos y empresarios para llevar adelante cualquier reforma.
Jerónimo incluso introdujo un nuevo punto de negociación: el reparto de ganancias empresariales. “Si quieren discutir, discutamos todo, una negociación laboral con más derechos, no con menos derechos; discutamos el reparto de ganancias”
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