El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en el marco de la denominada causa Seguros, y le impuso un embargo récord sobre sus bienes por 14.634 millones de pesos.
La decisión judicial se fundamenta en la firma del Decreto 823/21, con el cual el entonces mandatario eliminó el sistema de coaseguro para concentrar el negocio en Nación Seguros, una movida que ahora es considerada por la Justicia como una maniobra ilegal con beneficio para terceros cercanos.
Alberto Fernández fue procesado como autor del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en una resolución de más de 400 páginas que marca un giro clave en el expediente.
Alberto Fernández no fue el único procesado
Junto a Alberto Fernández, también fueron procesados el empresario Héctor Martínez Sosa, íntimo amigo del expresidente, y su pareja María Cantero, quien además fue secretaria privada de Fernández en Casa Rosada. Casanello sostuvo que su designación en el Ejecutivo generó una “confusión de intereses” y representó un “riesgo objetivo” para la función pública, debido a su acceso directo a la agenda presidencial y la gestión de contactos.
“La evidencia reunida mostró que la relación entre Fernández, Martínez Sosa y Cantero excedía lo meramente laboral o amistoso”, señala el fallo. El juez menciona regalos, transferencias de dinero y gestiones de favores personales, respaldados en intercambios de WhatsApp, llamadas, visitas privadas y registros fotográficos.
Martínez Sosa, con vínculos fluidos con Olivos durante el gobierno de Alberto Fernández, se transformó en uno de los mayores beneficiarios del esquema: su firma y empresas vinculadas cobraron $2.297 millones en comisiones entre 2019 y 2023, lo que representa casi el 60% del total abonado en ese período.
Durante la gestión del Frente de Todos, su empresa cerró contratos con 19 organismos públicos, incluyendo ministerios, la Casa de la Moneda, Vialidad Nacional, Corredores Viales S.A., el Fondo Nacional de las Artes y la Corte Suprema, entre otros. En total, sumó más de $416 millones en comisiones por intermediar pólizas estatales.
Además de Alberto Fernández y sus íntimos allegados, Casanello procesó sin prisión preventiva al extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y a otros integrantes del directorio de la firma estatal: Gustavo García Argibay, Sebastián Díaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria y Mauro Tanos.
También quedaron procesados Santiago Fraschina y Federico D’Angelo Campos, exfuncionarios del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, quienes habrían facilitado maniobras para beneficiar a determinados brokers con el reparto de porcentajes en la millonaria póliza del organismo previsional.
En cambio, el juez dictó falta de mérito para seis empresarios, entre ellos Oscar Castello, Ernesto Mercuri y Laura Crisafulli, al considerar que no existen pruebas suficientes en esta etapa del proceso.
En paralelo, Casanello ordenó nuevos allanamientos sobre firmas presuntamente involucradas: Martínez Sosa y Cía., Bri Brokers, Levelar, TG Broker, San Cristóbal Sociedad Mutual, San Germán Seguros, y otras vinculadas como Safe Investment, Capital Consulting y Latin American Seguros.
Facturación previa y vínculos comerciales
Una de las piezas clave de la causa es un informe de la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), que reconstruyó la facturación de Alberto Fernández a la empresa de su amigo entre 2010 y 2019, por un total de $4.257.000 (a valores de época). La última factura está fechada cuatro días antes de asumir la Presidencia, el 6 de diciembre de 2019.
Según las defensas, esos pagos correspondían a informes de coyuntura política y económica que Alberto Fernández elaboraba para clientes privados. No era el único: también le facturó a otras empresas y sindicatos, como parte de su actividad profesional mientras no ocupaba cargos públicos.
Una causa que tomó impulso propio
La investigación cobró nuevo impulso en febrero, cuando la causa cambió de juez tras vencerse la subrogancia de Julián Ercolini. Casanello no solo retomó el expediente, sino que lo revisó en profundidad, ordenó más medidas de prueba y abrió nuevas líneas investigativas, que derivaron en estos procesamientos.
La causa Seguros se convirtió en uno de los frentes judiciales más complejos para el expresidente Fernández, ya que apunta al corazón de su gestión y a su entorno más cercano. Ahora, con el procesamiento confirmado y un embargo multimillonario en curso, el expediente entra en una nueva etapa, mientras la defensa del exmandatario anticipa que apelará la decisión.
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