El pasado 7 de diciembre Perú comenzó a escribir un nuevo capítulo de la crisis política que viene atravesando hace años. Crisis que, por ejemplo, llevó al país a tener seis presidentes desde 2018. Ese día, el ex mandatario Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso, pero se encontró con el rechazo no sólo de la oposición, sino también de gran parte del oficialismo.
En esa misma jornada el Parlamento llevó a cabo un juicio político, lo destituyó del cargo y en su lugar asumió su vicepresidenta Dina Boluarte, quien lo había acusado de haber intentado perpetrar un “golpe de Estado” con la disolución del Congreso.
Desde entonces, lo que vino para Perú fueron manifestaciones -a favor y en contra de Castillo-, choques con las fuerzas de seguridad, muertes, y bloqueos.
Hasta el domingo 29 de enero, el número de víctimas ascendía a 58. Los bloqueos de rutas, en tanto, vienen provocando escasez de productos básicos y aumentos en los precios. Esto perjudica principalmente a las regiones más vulnerables del sur, donde se concentran los más graves hechos de violencia.
Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el desarrollo de elecciones anticipadas. En un intento por calmar la situación que atraviesa el país, la mandataria envió un proyecto al Parlamento para adelantar los comicios, pero el mismo fue rechazado. En este contexto, también hay acusaciones de abuso de la fuerza contra los cuerpos de seguridad, y denuncias de injerencia externa por parte del gobierno de Bolivia.
El 7 de diciembre de 2022, el presidente Castillo, de 53 años, anunció en cadena nacional la disolución del Congreso, la conformación de un Gobierno de emergencia, un toque de queda nocturno y un Ejecutivo por decreto.
El anuncio ocurrió apenas horas antes de que el Parlamento debatiera su juicio político, el tercer intento de vacancia presidencial desde llegada al poder en julio de 2021. Lo que llamó la atención es que todo daba a entender que la oposición no había logrado conseguir los 87 votos necesarios para sacarlo del cargo.
Esa maniobra no sólo le significó un fuerte rechazo de la oposición, sino también de gran parte del arco oficialista. La vicepresidenta Dina Boluarte lo acusó de haber perpetrado un intento de “golpe de Estado”.
Los congresistas peruanos se opusieron de lleno al intento de Castillo de disolver el Parlamento, por lo que el presidente de la Mesa Directiva, José Williams, convocó de manera urgente una sesión para someter a votación la vacancia presidencial. Esta fue aprobada masivamente con 101 votos.
Mientras esto ocurría, el mandatario se dirigía con su familia a la embajada de México para pedir asilo. Sin embargo, en el camino fue interceptado por la Policía y detenido bajo la acusación de “rebelión”.
Cientos de manifestantes, algunos a favor y otros en contra del destituido presidente, toman las calles de Lima.
Dos horas después de la votación por el juicio político contra Castillo, la vicepresidenta -abogada de 60 años- fue convocada por el Parlamento para jurar al cargo, convirtiéndose en la primera presidenta de Perú.
Durante su pronunciamiento, afirmó su intención de cumplir el resto del mandato de Castillo, hasta julio de 2026. Dos días después, el 10 de diciembre, presentó el nuevo gabinete, encabezado por el ex fiscal Pedro Angulo y de perfil tecnocrático e independiente, que incluye ocho mujeres entre los 19 ministerios.
Tras la detención de Castillo y la juramentación de Boluarte, varios países comenzaron a pronunciarse. Estados Unidos elogió a Perú por garantizar la “estabilidad democrática” y se comprometió a trabajar con la flamante presidenta.
La Unión Europea también felicitó a la mandataria. “La UE recuerda que el pleno respeto de la Constitución, los principios democráticos y la separación de poderes es crucial para el restablecimiento de la estabilidad política”, refirió el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Pedro Stano, mediante su cuenta oficial de Twitter.
En tanto, países como Colombia, México, Argentina y Bolivia condenaron el juicio político contra Castillo, lo que provocó roces diplomáticos con el actual ejecutivo de Boluarte. Lo propio ocurrió con Honduras, al punto que el gobierno de Perú decidió retirar a su embajador en el país centroamericano en respuesta a “la inaceptable injerencia” en asuntos internos de la presidenta Xiomara Castro, cuando en su intervención en la CELAC desconoció al gobierno de Boluarte.
Sin embargo, el más crítico fue el gobierno del presidente boliviano Luis Arce, quien sostuvo que desde un inicio “la derecha peruana intentó derrocar a un gobierno democráticamente electo por el pueblo”.
Desde que Castillo anunció la disolución del Parlamento, miles de peruanos se movilizaron a favor y en contra del ex presidente. Pero con el correr de los días las protestas empezaron a extenderse por todo el país, con bloqueos de vías y quemas de neumáticos.
Los seguidores de Castillo exigen su liberación, el cierre del Congreso, la renuncia de Boluarte, y el llamado a nuevas elecciones.
El clima social comenzó a tornarse más violento con fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. El 11 de diciembre se registraron los primeros dos muertos en Andahuaylas (sur), cuando los manifestantes intentaron tomar el aeropuerto de la ciudad.
Desde entonces, las zonas más azotadas por la violencia -hasta el día de hoy- son las localidades andinas y del sur del país.
El 3 de enero, a medida que crecían los choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad, y los muertos, la presidenta reclamó una “justicia rápida” para las víctimas durante las protestas. Un día después, organizaciones civiles participaron de una marcha por la paz por las calles de Lima y varias ciudades del país. Sin embargo, la violencia no sólo se mantuvo, sino que fue en aumento.
El 19 de enero comenzaron las protestas en Lima, con el llamado de organizaciones sociales, sindicales y regionales a participar en las manifestaciones ciudadanas que piden la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, así como la convocatoria a elecciones generales y a una Asamblea Constituyente. El pasado 24 de enero la capital vivió su jornada más violenta, con varios heridos por perdigones y piedras, entre ellos dos fotógrafos.
Las protestas también dejaron varios destrozos, como los ocurridos el pasado 20 de enero, cuando en el incendio en la Plaza San Martín las llamas destruyeron una casona histórica del Centro de Lima. Desde que se han registrado las manifestaciones en la capital, Lima ha sufrido diversos daños tanto en propiedades públicas como privadas. Según el gerente de la Municipalidad de Lima, los perjuicios aumentan a un millón de soles.
En el sur, por su parte, la convulsión social obligó al cierre de aeropuertos, como el de Cusco, epicentro del turismo en Perú. En la pobre región de Puno, en tanto, el 9 de enero un enfrentamiento con las fuerzas del orden durante el intento de toma del aeropuerto terminó con 18 personas muertas, entre ellas un policía que fue quemado vivo.
El 11 de enero, un autobús que era usado para transportar a agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue quemado por manifestantes en la región sureña de Cuzco, mientras que otro grupo de personas incendió las cabinas de un peaje en la región de Tacna, fronteriza con Chile.
Boluarte pidió insistentemente a los pobladores del sur del país, específicamente a los de Puno, región limítrofe con Bolivia, un acercamiento para dialogar e instó a detener la escalada de la violencia.
El sábado 28 se reportó el último muerto en el marco de las protestas, ocurrido en el centro de la capital, lo que eleva a 58 la cifra de personas fallecidas, de acuerdo a datos de la Defensoría del Pueblo.
6-Estado de emergencia y toque de queda
Ante los hechos de violencia y la creciente presión social, el 14 de diciembre Boluarte declaró el estado de emergencia. Ese día, en Ayacucho, también al sur del país, se registraron siete fallecidos, y otros dos en el norte.
Dos días más tarde, el 16, el Gobierno decretó toque de queda en 15 provincias de las regiones de Arequipa, La Libertad, Ica, Apurímac, Cusco, Puno, Huancavelica y Ayacucho.
Por su parte, el pasado 19 de enero el Ejecutivo prolongó el estado de emergencia por 30 días a los departamentos de Amazonas, La Libertad y Tacna. De esta manera, son siete los departamentos en estado de emergencia, ya que esa medida también fue extendida por 30 días a Lima, Callao, Cuzco y Puno.
Con esta medida, la Policía Nacional de Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno junto con las Fuerzas Armadas y quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión, y libertad y seguridad personales.
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