El conflicto se enmarcó en el decreto firmado por Victoria Villarruel que obliga a devolver los espacios al finalizar cada mandato.
La senadora por Tierra del Fuego, Cándida Cristina López, denunció este lunes que personal de seguridad del Senado de la Nación Argentina le bloqueó el acceso a su despacho apenas asumió su banca, en un episodio que desató gritos, forcejeos y una fuerte polémica institucional. Ocurrió pocas horas después de su jura, en medio de la redistribución de oficinas impulsada por la Presidencia del Senado.
Según relató la senadora, su oficina —ubicada en el cuarto piso del edificio legislativo— amaneció cerrada el 28 de noviembre, con sillones colocados como barricada, una faja en la cerradura y la placa de bronce con su nombre retirada. López aseguró que cuando regresó acompañada de un cerrajero para intentar ingresar, fue impedida de hacerlo: según la versión de la senadora, entre los empleados de seguridad hubo amenazas, forcejeos y presión para que abandonaran el intento.
En un video difundido se escucha a miembros de seguridad afirmar “a la senadora no la toca nadie”, mientras intentaban sacar del lugar al cerrajero. López denunció además que sufrió una agresión física y exhibió un moretón en su pierna derecha, cerca del tobillo, producto del altercado. A su lado, la también senadora Juliana Di Tullio, que la acompañaba, manifestó su indignación al mencionar que la “presidente del cuerpo ingresó al despacho”, lo que —según explicó— contradecía la decisión que mantenía la puerta cerrada.
El episodio ocurrió en el contexto de un cambio estructural en la asignación de despachos dentro del Senado. La vicepresidenta de la Cámara, Victoria Villarruel, en septiembre firmó el Decreto 488/25, que puso fin a la práctica de heredar oficinas entre legisladores. En su lugar, estableció que los senadores que finalizan su mandato debían devolver sus despachos —junto con mobiliario, equipamiento, documentación, tarjetas de ingreso, entre otros elementos— para que la Presidencia del Senado reasigne esos espacios de forma ordenada.
Pero la medida generó resistencia inmediata. Bloques del kirchnerismo y de “Provincias Unidas” cuestionaron el decreto y comenzaron un intercambio interno de oficinas, mientras otros sectores como el PRO y partidos provinciales buscaban mejorar su ubicación edilicia. Para muchos legisladores, lo que la norma proponía romper, durante décadas había sido una tradición: el traspaso inducido de despachos entre riñones políticos.
Fuentes del Senado consultadas por la prensa indicaron que el despacho al que ella intentaba acceder pertenecía al senador salteño José Sergio Leavy, cuyo mandato vence el 10 de diciembre —junto al mobiliario y oficinas asignadas. Si bien López aduce que ese espacio le había sido cedido por Leavy, su versión fue rechazada por otras fuentes que sostienen que Leavy tenía previsto entregar dicho despacho a otra senadora, lo que, según esas fuentes, explica la negativa al ingreso.
Finalmente, tras más de dos horas de tensión, forcejeos y acusaciones, la senadora, su esposo y sus acompañantes abandonaron el despacho sin lograr ocuparlo. La seguridad del Senado se mantuvo firme en su postura de impedir el ingreso —en línea con el decreto vigente— y hasta el cierre de esta nota no había acuerdo para reubicar a López ni para entregar otra oficina. La polémica, sin embargo, promete extenderse: puso en evidencia cómo un cambio administrativo puede transformarse en conflicto político, y reveló la fragilidad del acuerdo institucional cuando de espacios físicos y poder se trata.
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