Una vez más, la movilización de los jubilados frente al Congreso contó con un amplio operativo de seguridad dispuesto por el Gobierno. La protesta, que se realiza cada miércoles en reclamo por el aumento de haberes, la moratoria previsional y el acceso a medicamentos gratuitos, fue interceptada por fuerzas federales que avanzaron con gases lacrimógenos, empujones y golpes contra los manifestantes.
El despliegue contó con efectivos de Prefectura, Policía Federal, Gendarmería y camiones hidrantes que rodearon el edificio del Parlamento. El nivel de presencia policial despertó críticas por su carácter desproporcionado. A pesar del cerco, los jubilados lograron rodear el Congreso, lo que desató una respuesta violenta de parte de las fuerzas.
Entre las personas agredidas se encontraba Cristian, un hombre con discapacidad que participaba de la marcha con muletas. “Me empujaron cuando estaba subiendo al cordón. Al no poder moverme como el policía quería, vino otro y me gaseó toda la cara. Todavía arde”, relató al canal C5N tras recibir asistencia de otros manifestantes. Su testimonio y las imágenes que circularon en redes sociales y medios reflejan con crudeza el accionar de los uniformados.
“El operativo es tremendo. Vi armas que no son solo de gases. Es de terror. Estamos marchando por la vereda, no hacemos nada. Hay muchos más de ellos que nosotros”, dijo una jubilada. Otra mujer, identificada como Ana, cuestionó el gasto que implicó el despliegue: “Es exagerado. Esa plata se podría usar en otro lado. Genera indignación y tristeza. Es un retroceso”.
El Ministerio de Seguridad justificó el operativo bajo el argumento de garantizar la libre circulación y evitar cortes, aunque los jubilados y organizaciones convocantes denunciaron un accionar represivo innecesario en una manifestación históricamente pacífica y de carácter social.
Además de los jubilados, durante la jornada también se sumaron productores de la agricultura familiar, campesina e indígena, que acercaron sus reclamos por acceso a tierras, condiciones de producción y políticas sectoriales, en una acción conjunta con otras organizaciones sociales.
La represión en vuelve a encender el debate sobre el uso de la fuerza en contextos de protesta social. Para los y el resto de los sectores movilizados, se trató de una señal clara del rumbo elegido por la gestión nacional: blindaje policial frente a reclamos populares. Las organizaciones ya adelantaron que no van a abandonar la calle, y que seguirán visibilizando sus demandas, más allá del clima hostil que se intenta imponer desde el Estado.
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