La salud de Jair Bolsonaro ha sufrido un deterioro considerable tras una cirugía intestinal realizada a principios de este mes.
La salud de Jair Bolsonaro ha sufrido un deterioro considerable tras una cirugía intestinal realizada a principios de este mes, según informó el Hospital DF Star a través de un boletín médico divulgado este jueves. El expresidente permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), bajo estricta vigilancia médica.
De acuerdo con el informe médico actualizado, Bolsonaro presenta un cuadro clínico delicado, con aumento de la presión arterial y empeoramiento en sus pruebas hepáticas. En las próximas horas, el equipo médico le practicará nuevas pruebas de imagen para evaluar con mayor precisión su evolución.
El expresidente continúa sometido a un régimen de ayuno oral estricto y recibe nutrición parenteral exclusiva. Su tratamiento incluye sesiones de fisioterapia motora y medidas de prevención contra trombosis venosa. El hospital mantiene la recomendación de restringir visitas y, por el momento, no se prevé su alta de la UCI.
Mientras se encuentra hospitalizado, Bolsonaro fue notificado formalmente sobre el inicio de un juicio en su contra por presunta participación en un intento de golpe de Estado, relacionado con los disturbios ocurridos tras su derrota electoral. La notificación, emitida por el Supremo Tribunal Federal (STF), fue entregada directamente en la UCI por un funcionario judicial, lo que generó polémica y reacciones inmediatas.
A través de sus redes sociales, el exmandatario calificó la medida como “propia de un régimen nazi” y criticó duramente al juez Alexandre de Moraes, responsable del proceso. En un video grabado desde su cama en cuidados intensivos, Bolsonaro expresó su indignación: “El oficial ingresó hoy a la unidad de cuidados intensivos para hacerme firmar”, dijo a CNN Brasil, agregando que el funcionario permaneció en la sala durante más de diez minutos.
Bolsonaro también aseguró que no tiene intención de abandonar el país y acusó al magistrado de tener un plan para “arrestarlo y condenarlo”, lo que ha intensificado el debate político y jurídico en el país sobre el uso de procedimientos judiciales en un contexto de salud crítica.
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