Un operativo rescató a 31 trabajadores rurales en condiciones de reducción a la servidumbre en dos campos propiedad de la cerealera Vicentín en la provincia de Santa Fe.
El hallazgo de los 31 trabajadores “golondrina”, oriundos de Santiago del Estero, se produjo a raíz de una inspección realizada el 4 de septiembre por la Coordinación Contra el Trabajo Ilegal de Arca (ex Afip) al campo identificado como “Santa Ana SRL“, propiedad de la familia Vicentín.
Allí se encontraron a 15 trabajadores, dos de ellos, menores de edad de 17 años, que se dedicaban a desmalezar y vivían en condiciones de precariedad extrema, en campamentos improvisados, sin acceso a agua potable ni baños, dormían en el piso sobre colchones o mantas y trabajaban de 8 a 18, de lunes a lunes.
El campo, ubicado en cercanías a , en el límite santafesino con la provincia de Santiago del Estero, lindaba con la estancia “La Revancha“, también propiedad de la misma empresa. Al realizar la inspección, la división se encontró con 15 trabajadores más, viviendo en las mismas condiciones precarias. En la comunicación oficial se informó que se trataba de “La Revancha e Isabelliana SA”, lo cual movió a confusión.
Según la investigación judicial ordenada por el fiscal general Gustavo Onel, los trabajadores percibían un ingreso de $300.000 por quincena, “al cual se le descontaba el valor de la comida”.
Las condiciones de explotación evocan escenas que parecían enterradas en la historia: trabajo forzado, hacinamiento, aislamiento y dependencia total del empleador, sin documentación ni posibilidad de abandonar el lugar. Según el informe de la Fiscalía, algunos trabajadores no sabían leer ni escribir, y no tenían medios para comunicarse con el exterior.
Los testimonios de los trabajadores, oriundos de la localidad de Los Juríes, Santiago del Estero, se restableció que “los trabajadores no tenían posibilidad de retirarse del lugar, no contaban con medios de comunicación, varios de ellos no sabían leer ni escribir y otros estaban indocumentados, aspectos que dejaron en evidencia su estado de vulnerabilidad social”, explica la investigación.
La información final sobre la propiedad de los campos llegó de forma indirecta, a través de una publicación en el Boletín Oficial de la Nación del 22 de julio, donde se notificó una modificación en el directorio de La Isabelina S.A., una sociedad identificada como propietaria de uno de los campos allanados.
El acta informa que hasta febrero de 2028 la empresa estará presidida por Federico Castellarin, con Tomás Moschen Padoan como vicepresidente, Carina Galarza como directora titular y Roberto Joaquín Vicentin como suplente.
Todos ellos están vinculados de manera directa o indirecta con el grupo Vicentin, una de las agroexportadoras más importantes del país, con sede en Avellaneda, Santa Fe. El apellido Vicentin aparece en varias oportunidades: Clelia Mireya Vicentin formó parte del directorio de La Isabelina en 2018, junto a los hermanos Máximo y Cristian Padoan, también vinculados al grupo y actualmente imputados por administración fraudulenta.
Otras denuncias e imputaciones contra Vicentin
La justicia provincial y federal tiene hace tiempo en la mira al grupo propietario de . En marzo de este año, Máximo Padoan, Cristian Padoan y otros trece directivos de Vicentin SAIC fueron imputados por los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, acusados de desviar ilegalmente más de $890 millones de pesos entre 2019 y 2024. Los fondos, según la acusación, fueron utilizados para pagar abogados y cubrir las fianzas impuestas por la Justicia a la cúpula del holding.
A su vez, Máximo Padoan enfrenta una causa por asociación ilícita iniciada en 2023, en la que se lo acusa de ocultar el estado real de la compañía mediante balances falsos, afectando a productores, clientes y bancos.
El juez federal Julián Ercolini convocó recientemente a 23 directivos del grupo, entre ellos Padoan, por una causa que investiga el otorgamiento irregular de créditos del Banco Nación, por al menos 264 millones de dólares, otorgados durante la gestión anterior a la del actual gobierno.
Confusión para identificar a los dueños
El diputado provincial Fabián Palo Oliver presentó un pedido de informes para establecer quiénes eran los dueños, y explicó que “concretamente el campo se compró en el 2018 de parte de los accionistas de Vicentín, del directorio. En el 2025 se modifica la composición, porque están todos imputados”.
Parte del entramado que dificultó identificar a los responsables fue una confusión deliberada —o conveniente— en torno a los nombres de los predios y de las empresas involucradas. En un primer momento se habló de dos campos: “Santa Ana SRL” y “La Revancha”, pero luego se supo que esta última está administrada por La Isabelina S.A., cuya sede legal está radicada en una oficina en el microcentro porteño.
La dirección, ubicada en Maipú 359, figura en registros públicos como domicilio profesional de Laura Verónica Fresneda, contadora que ofrece “soluciones para pymes” a través de una consultora personal.
El pedido de informes del FAS solicita además que se determine si las empresas mencionadas están debidamente registradas como sociedades y si figuran como empleadoras ante el Ministerio de Trabajo. Hasta ahora, el silencio oficial fue la norma.
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